ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
La causa en la cual habían sido sobreseídos fue revocada. Así que, Ángel Mercado y Manuel Benítez, junto a otros funcionarios, volverán a ser investigados. Algunos observadores entienden que podría llegar a comprometer a miembros del Poder Judicial que intervinieron en ella.
No se descarta recurrir a empresas y personales obviados en la etapa de instrucción. Se abordarán otras pistas y no descartan ampliar acusaciones e involucrados.
La Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se revoque el sobreseimiento de los ex funcionarios Manuel Benítez y Ángel Mercado. El primero volcado a la actividad privada presidiendo la Cámara de Proveedores Mineros, el otro, sigue en funciones alternativas dentro de la empresa tras haber dejado el gobierno la actual senadora por Catamarca, Lucía Corpacci. Los nombrados formaron parte del directorio del YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) y son investigados por la justicia, nuevamente, por la venta irregular de oro entre los años 2012 y 2016, lo mismo que por la compra de cianuro de sodio.
Los diarios y medios que dieron difusión a esta noticia señalaron que “la causa es una de las más escandalosas de la minería argentina y podría llegar a comprometer a miembros del Poder Judicial que intervinieron en la investigación”. Como consecuencia de malas investigaciones, omisiones de diligencias de riesgos y de haberse obviado algunas pruebas.
En la causa CFP 18368/2016/CA12 que trató sobre lavado de activos y administración fraudulenta se investigó para saber si hubo perjuicio en contra del Estado nacional, la provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, que conforman la titularidad de la empresa. Benítez, era un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto presidencial, mientras que los directores, donde estaba Mercado, era nombrados por las autoridades de la provincia y la Casa de Altos Estudios.
La revisión de los expedientes que fueron abiertos y revocados por la Cámara Federal sospecha que en YMAD se habría pagado “sobreprecios por un 200% en la adquisición de cianuro mientras que vendía oro a pérdida en licitaciones privadas - y no públicas - a 9 empresas distintas, pero que sin embargo compartían directores, apoderados, escribanos y hasta los mismos domicilios” publicaron diversos medios periodísticos del norte argentino.
El fallo de los jueces Eduardo Guillermo Farah y Martín Irurzun, de la Cámara Federal de Apelaciones ordenó revocar el sobreseimiento de Manuel Benítez y de todos los miembros del directorio de YMAD 2012-2016 (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio) en la causa por la venta irregular de oro y la compra de cianuro de sodio entre los años 2012 y 2016. De esta manera la Justicia volverá a investigar a los directores por la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Florencio Gilberto Aceñolaza - ya fallecido -, Faustino Siñeriz, Manuel Fernando Valdez y Juan Alberto Cerisola y volverá a investigar - además - las distribuciones extraordinarias de fondos de la empresa.
La Cámara Federal le reclama al juez de primera instancia que investigue las “distribuciones extraordinarias” de fondos que se habrían autorizado a repartir en beneficio del directorio de YMAD, mientras la empresa alegaba que la venta de oro “obedecía a un requerimiento basado en las malas condiciones económicas y financieras de la empresa”, según el mencionado portal. Serían también investigados los directores Ángel de Jesús Mercado, Carlos Francisco Palacios, Florencio Gilberto Aceñolaza - ya fallecido -, Faustino Siñeriz, Manuel Fernando Valdez, Juan Alberto Cerisola.
Vale recordar que en la actualidad, Cerisola, ex Rector de la UNT, es hoy sometido a juicio oral y público en la causa donde la Justicia Federal investiga presuntos sobreprecios en obras, las colocaciones financieras con fondos de YMAD y esa reducción de utilidades y acusaciones mucho más graves y comprometedoras.
¿Qué es YMAD?
Es una empresa interestatal creada mediante Ley 14.771 conformada por la UNT, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional, que designa a su Presidente. La Universidad tucumana y la provincia tienen cada uno dos representantes en su directorio. El artículo 18 de la Ley que creó la empresa establece el destino de las utilidades líquidas y realizadas que arrojen los balances:
a) El sesenta por ciento (60%) para la provincia de Catamarca. Hasta el 7 de junio de 1968, o antes si se concluyera en menos tiempo la ciudad universitaria, el porcentaje establecido se reducirá al 50% del total general, destinándose el 10% restante a la referida construcción emprendida por la Universidad Nacional de Tucumán;
b) El cuarenta por ciento (40%) restante será destinado para la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados;
c) Una vez cumplidos los propósitos señalados en el punto anterior, de ese porcentaje del cuarenta por ciento (40%) se destinará el cincuenta por ciento (50%) a la Universidad Nacional de Tucumán y el cincuenta por ciento (50%) restante a la formación de un fondo nacional que será distribuido entre las demás universidades del Estado.
Señala El Pucará que la Cámara Federal “destruyó” la investigación de primera instancia y que absolvió a Benítez y los ex miembros del directorio de YMAD cuando investigó las presuntas irregularidades y aceptó que hubo sobreprecios en las compras de cianuro “pero que debía considerarse la inflación y la devaluación de la moneda, lo que restaba relevancia a la superación de los montos”.
Los camaristas consideraron que la investigación fue “deficiente” al “negarse a investigar los montos que otras empresas mineras pagaban, por ejemplo, por el cianuro de sodio o a cuanto vendían el oro que producían”.
Cabe resaltar que hasta el cierre de Prensa GeoMinera se trató de establecer diálogo con Benítez para abordar diferentes temas del quehacer minero y de este en particular, pero, a pesar de haberlo contactado, no se pudo concretar la entrevista solicitada. Aun no se ha expresado al respecto.
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