ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
El titular de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza se pronunció contra la reforma al Código en Mendoza. Pese a lo buenos augurios de establecer en la agenda política gubernamental el tema minero, sigue faltando lo esencial: Derogar la ley 7722 que prohíbe la actividad metalífera.
Parece “joda” pero no es así. Sin duda es parte de un sainete de la dirigencia provincial en relación a la industria. Hablan como si fueran San Juan, Santa Cruz o Salta, pero son Chubut, Córdoba o San Luis que prohíben el desarrollo de la industria.
Por su parte, Carlos Ferrer, entiende que la reforma minera que promueve el gobierno provincial socava principios constitucionales fundamentales y elimina obstáculos para el manejo arbitrario de los derechos mineros.
Carlos Ferrer expresó su desaprobación ante la media sanción otorgada por la Cámara de Diputados de la provincia a la reforma del Código de procedimientos mineros, destacando el voto negativo de la legisladora Jimena Cogo como positivo.
Ferrer, cuestionó el enfoque adoptado por el gobierno provincial. Para empresario, la reforma que se impulsa en Mendoza, es jurídicamente incoherente y está diseñada para favorecer negocios privados en lugar de fomentar el desarrollo minero. Considera al mismo tiempo que “el Consejo Minero queda reducido a una mera figura decorativa, dejando al Director de Minería con un poder desproporcionado sobre el sector”.
También criticó el papel asignado a la empresa estatal Impulsa Mendoza en la gestión minera, señalando que la reforma “socava principios constitucionales fundamentales y elimina obstáculos para el manejo arbitrario de los derechos mineros”.
Ferrer pidió a los senadores que “no sean cómplices de este instrumento que perjudicará gravemente la minería de Mendoza y que servirá para enriquecer a unos pocos, que dejen de ser obsecuentes y no sean una escribanía del poder ejecutivo provincial”.
Al mismo tiempo elogió el voto de la diputada Cogo, por “su objetividad y franqueza”, destacando su discernimiento sobre la falta de transparencia en la formulación de la reforma. Considera que “esta legislación favorece intereses personales en lugar del bien común y aprecia el discernimiento de la legisladora malargüina al respecto”.
Que dice Cogo:
La diputada provincial por Malargüe, Jimena Cogo, que forma parte de La Unión Mendocina, y este miércoles voto en contra de la reforma del Código de Procedimiento Minero recibió muchísimas críticas después la sesión sobre todo de la comunidad malargüina que intenta reactivar la actividad para generar nuevos puestos de trabajo en ese departamento.
Al aire de Vibra FM (100.3), la legisladora defendió su postura y aclaró que “para nada estoy en contra de la reactivación de la minería, soy prominera y estoy de acuerdo con las iniciativas de este gobierno para poner en valor la actividad” y agregó que “si bien nací en Alvear, hace 45 años que vivo en Malargüe por eso quiero desmentir que no voté como alvearense como se está diciendo en los medios”.
Más allá de esta aclaración, en concreto, la diputada explicó que “hay dos artículos que son dañinos para la reactivación y uno de ellos puede generar acciones de inconstitucionalidad que podrían paralizar la actividad”.
En este último punto se preguntó por qué “se promueve la intermediación de una empresa como Impulsa Mendoza Sostenible S.A. creada en el 2023 para interactuar en la concesión de las áreas” y agregó que “la provincia ejerce facultades contrarias al Código Minero nacional que no permitiría esta intermediación porque supone sospechas de favoritismos y discrecionalidad en el otorgamiento de los derechos mineros a las empresas inversoras”.
Este sería el punto más cuestionado por la diputada y sostuvo que “podrían ingresar acciones de inconstitucionalidad que afectarían y paralizarían la futura actividad”.
Para Cogo no era necesaria toda esta reforma sino aggiornar el viejo código minero a la actualidad. “Es una ley vieja pero sirve, se podría haber modernizado incorporando cuestiones sociales, ambientales y de control”, mencionó la legisladora.
Lo cierto es que la diputada fundamentó que “en la Ley hay cosas que nos hicieron mucho ruido, estamos metiendo una empresa en el medio que no sabemos si es pública o detrás hay intereses privados que quieren obtener privilegios”.
VOLVER A LA PORTADA
