ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Por Marcelo Bellini (*)
Estamos transitando un periodo de transición para la minería sanjuanina (y Argentina en general), pero me permito hacer breves reflexiones sobre el pasado, presente y futuro de esta importante industria.
Hace ya 20 años, precisamente en el mes de octubre, se iniciaba con Veladero la gran minería metalífera en San Juan. Fueron años florecientes, con desarrollo de proveedores, crecimiento sostenido del empleo y la apertura de nuevos horizontes que luego se concretarían como Gualcamayo y Casposo. De la mano de esas minas, siguió la exploración y el crecimiento de la industria calera y algunos minerales industriales y rocas de aplicación.
Hoy, la minería metalífera sanjuanina se debate entre grises, ya que Veladero, según palabras de su presidente, tiene fecha de vencimiento, si no cambian las condiciones macroeconómicas del país. Casposos cerrado, con una probable e incierta reapertura para el próximo año, dependiendo de las políticas económicas y tributarias que establezca el próximo gobierno nacional (esto, en mi opinión particular, no porque haya sido manifestado por quienes conducen hoy la empresa) y Gualcamayo con un esperanzador cambio de timón, que aparentemente invertirá en lo que Mineros SA no quiso (¿no pudo?), los carbonatos profundos.
Por el lado de los proyectos, en cobre Los Azules, Josemaría, Pachón son los más avanzados, pero con diferentes matices. Los dos primeros buscan socios inversores, y en simultáneo presentan sus avances a partir de los IIA puestos a consideración de la autoridad y la comunidad, aunque para el caso de Josemaría, sorprende leer que el día 22 de septiembre se presentaron cambios en el proyecto de emplazamiento y construcción del depósito de colas, con la participación de sólo algunos interesados (la convocatoria aparentemente surgió de la CEIAM) y, por ejemplo, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, que realizó 39 observaciones al informe, entre ellas algunas referidas al depósito de colas, no fue invitado a participar. ¿Olvido u omisión? Si bien no hay obligación de invitar a todos los que hicieron observaciones, por cortesía se debería haber convocado a los interesados para escuchar las respuestas a lo observado.
Por el lado de Pachón, hay promesas de presentar el IIA en el primer trimestre del año venidero. ¿También esperando las decisiones que tome el futuro gobierno?
Para el oro, la estrella parece ser Hualilán, que ha anunciado excelentes resultados exploratorios y parece estar cada vez más cerca de iniciar la producción.
Es tan importante lo que genera un proyecto minero, desde la construcción hasta su pleno desarrollo que, como he manifestado en otras opiniones, tenemos una posibilidad histórica de convertir a San Juan en una verdadera capital de la minería, con empleos genuinos y bien remunerados, con crecimiento y desarrollo de contratistas y proveedores locales y con ampliación de los horizontes y expectativas sociales de los sanjuaninos.
Para llegar a concretarlo, no hay dudas que hay condicionantes externos e internos. Los externos los marca el mercado internacional, en base a los precios de los metales y las perspectivas de demanda a nivel mundial, en especial el cobre y el litio. Puertas adentro, las condiciones que impone el país en materia económica e impositiva también marcan el termómetro de las inversiones y la velocidad con que se desarrollan y avanzan los proyectos; y en la provincia, qué hace o deja de hacer la autoridad minera local, qué facilidades o trabas impone y qué grado de compromiso posee para dar cumplimiento a la legislación.
Con respecto a este último punto, existe una puja entre el nuevo Consejo de Ingenieros Especialistas y el Colegio de Ingenieros de Minas, ya que el Consejo se ha dedicado a intimar a colegas para que se pongan al día con sus matrículas (corresponde si están ejerciendo la profesión), con un fin netamente recaudatorio, dejando de lado el histórico reclamo del Colegio para que, no sólo se exija matrícula a los profesionales mineros, sino también dar cumplimiento al proceso de reválida de título cuando éste es expedido por una universidad extranjera. Este reclamo, no tiene ningún sentido discriminatorio ni xenófobo, simplemente trato igualitario ante la ley, y evitar, como sucedió en ocasión del evento del año 2015, en el valle de lixiviación de Veladero, que solamente sean procesados profesionales argentinos, y que los extranjeros que tomaban decisiones en aquella ocasión, fueran “eyectados de sus sillones a otra locación”, como dice siempre un colega ingeniero de minas, sin consecuencias legales por sus errores y mal ejercicio profesional.
Un camino incierto le espera a la minería a partir del 10 de diciembre pues, es llamativo que, en ninguna de las plataformas electorales presentadas oficialmente ante la justicia electoral nacional, aparezca referencia alguna a la actividad minera. Sólo “al pasar” se menciona al litio como parte de los minerales que tienen un rol preponderante en la transición energética, pero del resto (minerales metalíferos y no metalíferos en general), nada. Cabe preguntar y preguntarse: ¿qué política aplicará el próximo gobierno en materia minera? ¿cómo impactará en los proyectos que se están desarrollando? La tantas veces “manoseada” ley de inversiones mineras ¿será respetada para no causar asombro y desazón en las empresas y los inversionistas pese a la “estabilidad fiscal” prometida por esa ley? Crucemos los dedos y esperemos previsibilidad para que las inversiones no se espanten y proyectemos exportaciones mineras durante mucho tiempo.
A nivel local, el futuro gobierno “no larga prenda” sobre quién manejará la actividad minera provincial, e independientemente de quien conduzca el ministerio local, debe tener presente que hay varios aspectos que cuidar, fortalecer o desarrollar, y varios desafíos para cumplir: mantener la licencia social, que se ha visto criticada y atacada recientemente por algunas agrupaciones anti mineras, como ocurrió en la presentación del IIA de Azules en Calingasta y Barreal; planificar, en conjunto con la nación, una mejora sustancial en la ya colapsada y cuasi destruida infraestructura vial y proyectar alternativas para la exportación de cal a Chile; desarrollo del ferrocarril para transportar mayores volúmenes de carga, especialmente si se desarrollan los proyectos de cobre; trabajar en conjunto con los ministerios de educación (nacional y provincial) para incorporar la enseñanza de la minería en escuelas primarias y secundarias, pero no con falacias y sesgos como los aparecidos en algunos manuales de estudios, analizar en conjunto con los legisladores la distribución de las regalías mineras, entre otros desafíos venideros.
Otro aspecto no menos importante, vinculado con el sostenimiento de la licencia social, es el rol que le corresponde a las empresas en su vínculo con las comunidades afectadas por los proyectos, para que esas comunidades se preparen, se capaciten, aprendan acerca del negocio minero, y se conviertan en socios estratégicos de la actividad a través de la creación de pequeñas y medianas empresas y la diversificación de las actividades económicas a partir del cierre de la mina. Esa debe ser una estrategia política insoslayable para el futuro ministro de minería provincial, ya que ese desarrollo de las comunidades contribuye a generar confianza y hace crecer a las comunidades mineras.
Y aquí surge otro desafío, que tiene que ver con la inexistencia de una ley de cierre o un protocolo de cierre de minas, que debería existir a nivel provincial, en base a los lineamientos del proyecto de ley nacional.
Estamos esperando y con esperanza, hay muchos interrogantes por resolver y muchos desafíos por enfrentar. Ojalá que recibamos el 2024 en materia minera con una sonrisa.
(*) Dr. Ing. de Minas – Secretario CADIM
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