ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
“Será indispensable que el Estado, con unidad de criterio y de principios, pueda vigilar la explotación de esta fuente inapreciable de riqueza pública, caracterizada como una de las fuerzas vitales de toda soberanía” (General e Ingeniero Enrique Mosconi)
El pasado 9 de julio se inauguró el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), una obra de 573 kilómetros de extensión, y la más grande de transporte de gas de los últimos 40 años. El Tramo I del Gasoducto atraviesa 4 provincias: comienza en la localidad de Tratayén, en Neuquén, continúa por las provincias de Río Negro y La Pampa y finaliza en la localidad de Salliqueló en la provincia de Buenos Aires.
El GPNK busca transformar la matriz energética y productiva argentina, teniendo como principales objetivos, abastecer gradualmente con gas nacional la totalidad de la demanda argentina sustituyendo importaciones, y desarrollar Vaca Muerta a gran escala. Los beneficios para el país que trae aparejados una obra de este calibre son múltiples, pero tal vez el más importante es el ahorro de divisas: permitirá ahorrar por disminución de importaciones, como mínimo, con la Etapa I US$ 1.465 MM anuales, con las Etapas I + II (Total Proyecto) US$ 2.690 MM anuales. La inversión que realizó el Estado, se recuperará en menos de un año.
Casi una constante de nuestra idiosincrasia, en el medio de las celebraciones comenzaron los debates por el nombre del GPNK, y en el colmo de la mezquindad, adjudicaciones de méritos: si le corresponden los laureles al gobierno anterior de Mauricio Macri, o al actual de Alberto Fernández. Cuando lo que realmente importa, para nuestra sociedad y para el desarrollo del país, es la ejecución de obras como esta.
La historia de los hidrocarburos en Argentina es muy rica en acontecimientos, y lo que se recuerda son los hitos que permitieron su desarrollo, con una visión de crecimiento nacional, y hoy no discutimos rótulos de “creadores”, que se adjudican los mezquinos protagonistas políticos de los últimos tiempos. Es interesante repasar sintéticamente algunos logros históricos de nuestra industria petrolera y gasífera, donde lo que menos interesa hoy es la pertenencia política:
-En 1907, técnicos de un organismo del Estado Nacional encabezados por el ilustre Enrique Hermitte, descubrieron petróleo en Comodoro Rivadavia, e inmediatamente el por entonces Presidente José Figueroa Alcorta (Conservador), solicitó al Congreso la reserva fiscal de un gran territorio alrededor del yacimiento, para que el Estado lo explotara en exclusiva.
-A fines de 1910, otro Presidente Conservador, Luis Sáenz Peña, por medio de un decreto creó la Dirección General de Explotación de Petróleo de Comodoro Rivadavia, la primera comisión administrativa Estatal, con el objetivo de planificar, controlar y administrar la explotación de las riquezas energéticas. Funcionó hasta 1922, y fue dirigida por el propio Hermitte y primero por otro gran técnico que nos dio la historia, el Ingeniero Luis A. Huergo, quien fuera el primer ingeniero civil titulado en el país. Resta decir que el cargo, Huergo lo ejercicio de modo honorario hasta su fallecimiento en 1913.
-En 1922, el Presidente Hipólito Yrigoyen (Radical), casi al final de su mandato, creó por medio de un decreto YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales). Lo sucedió en la presidencia otro político radical, Marcelo T. de Alvear, quien designó en la presidencia de YPF al General e Ingeniero Enrique Mosconi, el más grande hombre que hubo –y seguramente habrá- en la historia del petróleo argentino. YPF recibió un monto inicial de 8 millones de pesos de parte del Gobierno Nacional, y desde ese momento durante todo su mandato fue autosuficiente, financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de la extracción de petróleo y, por supuesto, sin préstamos ni inversiones extranjeras. Mosconi fue el mayor impulsor de una política nacional que puso los recursos naturales al servicio del desarrollo económico, industrial y social de la Nación. Con YPF, Argentina fue el segundo país en todo el mundo en tener una petrolera estatal integrada verticalmente (desde la exploración hasta la comercialización de productos), siendo el primero la Unión Soviética. Construyó la Destilería La Plata que comenzó a funcionar en 1925; defendió la nacionalización de estos recursos, la necesidad de los países latinoamericanos de tomar medidas coordinadas en este asunto, y la promulgación de leyes relacionadas con los recursos naturales que fueran ventajosas para los intereses de los estados nacionales. La influencia de esta doctrina tuvo impacto en México, Brasil, Uruguay, Bolivia y Colombia. Mosconi, leal a sus ideas, no quiso colaborar en la década infame cuando los militares del momento se lo pidieron, y renunció. Condenado al ostracismo, se negó a recibir una pensión del Estado, y murió en 1940. Al momento de su deceso, en su cuenta personal del banco de la Provincia de Buenos Aires, tenía un saldo de $ 9,90 y la casa, que compartía con sus dos hermanas en la calle Aráoz 2592, adquirida con un préstamo del Banco Hipotecario Nacional, se encontraba hipotecada por falta de pago de cuotas.
-En 1946 el Presidente Juan D. Perón, creó la Dirección Nacional de Gas, colocando como su primer director al Ingeniero Julio Canessa, que entre sus planes tenía la construcción de un gasoducto entre Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, a los fines de terminar con el carbón importado. Quedó en la leyenda, transmitido por varios de los presentes, cuando un día Perón llamó a Canessa, y mientras este le explicaba su plan, de pronto Perón lo interrumpió y le dijo: “Está bien; no hace falta que entremos en más detalles. Vaya y hágalo. Ahora se lo ordeno: quiero ver ese gasoducto terminado cuanto antes”. Comenzó la construcción en 1947 y dos años después se inauguró con una extensión de 1605 kilómetros, el más largo del mundo en ese entonces.
Vemos como, además de la inutilidad de la polémica desatada por el GPNK, se desnuda la mediocridad política de hoy. Sin embargo, no podemos dejar de soslayar, hechos reales de las ideas y políticas de Macri respecto a los recursos naturales, luego de autodeclararse por twitter impulsor de la obra del GPNK. En 2012 su fuerza política votó en contra de la recuperación de YPF. Durante su mandato construyó la famélica cifra de 50 km. de gasoductos, e YPF se convirtió en una oficina de facturación “siguiendo los precios del mercado”. En materia de minería, el desdén y la falta de interés en el tema, paralizó el incipiente desarrollo que se había alcanzado con récord de exportaciones en el año 2012, y eliminó la Secretaría de Minería. Fue, sin dudas, la peor gestión minera en los últimos 30 años, desde la sanción de la Ley N° 24.196 de Inversiones Mineras en 1993.
Dejando de lado –y lo bien que hacemos- estas diatribas y peroratas de nuestros políticos que supimos conseguir, el meollo de la cuestión es señalar que la industria hidrocarburífera, más allá de algunos episodios vergonzantes que vivió por los años 90, nos enseña que la explotación de recursos naturales con una finalidad simplemente exportadora, no sirve para el país, además de denostar un complejo de inferioridad en producir materia prima con la única finalidad de llevarla a un puerto.
El GPNK, con los beneficios que aporta, le ha propinado un verdadero cachetazo al extractivismo . Principalmente a su prima, la industria minera, que se jacta de serlo y hasta sus referentes publican cifras mentirosas sobre “anuncios de miles de millones de inversiones” con los cuales “vamos a multiplicar las exportaciones”. En primer lugar, esos miles de millones nunca vinieron, ni van a venir hasta que no tengamos una política minera clara, jurídicamente sencilla, moderna y que fomente la inversión público-privada. Y por el otro, llama la atención la palidez de los rostros de los anunciantes, que sin virar al colorado, se jactan de querer extraer gratis un recurso natural no renovable como es la materia prima mineral, sin agregarle valor, y cuyos escasos volúmenes de exportación no mueven la aguja del PBI.
La industria minera, envuelta en su propio descreimiento y sectarismo que supo conseguir, ni siquiera tiene un plan para revertir las leyes que prohíben la minería en siete provincias argentinas. En algunas de ellas, resulta emblemático como proyectos de desarrollo de hidrocarburos poseen licencia social, y al mismo tiempo gran parte de esa misma sociedad se opone en el mismo territorio a la minería. Los casos de Mendoza y Chubut son los más notorios, y la torpeza y falta de ideas de la minería, vienen privando a esos pueblos de posibilidades de desarrollo. Menos aún existe la idea de refinar metales en el país, para dejar de exportar oro sucio, concentrados de otros metales, y productos de litio “a terminar en las casas matrices”, lo que sirve de argumento para exportarlo a un precio vil, hasta 10 veces menor al internacional.
Como venimos expresando desde hace tiempo a través de estas columnas, la gente no es antiminera. La antiminería, está representada por minúsculos grupos de diversos intereses, que son irrelevantes. La gente no es opositora a esta actividad, lo que rechaza es una forma de hacer minería, que es un tema muy distinto. La antiminería, es el refugio que utilizan los propios extractivistas para justificarse, e invertir el rol de victimarios en víctimas. Es un estado si se quiere también mental, artero, para engañar y continuar haciendo lo mismo, y no ocuparse de la verdadera minería que necesita el país. En síntesis: la antiminería no existe, es un artilugio inventado por los extractivistas para disfrazar su propio fracaso en no haber conseguido el desarrollo minero que el país necesita.
(*) Geólogo y Abogado
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