ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
En el despliegue de propagandas y propuestas provenientes de las diferentes fuerzas políticas que compiten en este tiempo electoral suelen incluirse comentarios, opiniones y consideraciones no siempre coincidentes, y a veces contrapuestas, sobre el funcionamiento del sector minero del país.
A esto debemos sumar cierta falta de conocimientos adecuados sobre nuestra actividad que poseen muchos de los que, con buenas intenciones, pugnan por obtener la mayor cantidad de adhesiones a sus consignas.
Siempre hemos explicado que la industria minera es una actividad que se desarrolla en plazos muy largos que exceden holgadamente los períodos de gobierno y por eso no es razonable ni conveniente que ante cada cambio de gobierno se piense en un cambio en las reglas de juego de acuerdo al pensamiento exclusivo del partido vencedor.
Aunque no son los únicos componentes, los hitos fundamentales de la política nacional minera vigente hasta la fecha fueron el ACUERDO FEDERAL MINERO, suscripto por las 23 Provincias y la Nación, en la Casa Rosada, el 6 de mayo de 1993, y la LEY DE INVERSIONES MINERAS aprobada y sancionada por unanimidad por el Congreso Nacional el 19 de mayo del mismo año, promulgada y publicada siete días después en el Boletín Oficial.
De esa manera se gestó la nueva política minera, una verdadera POLÍTICA DE ESTADO, con la participación de todos y con un consenso histórico, sin que ningún partido político pueda considerarse el dueño de ese proceso y de esa construcción normativa, ni tampoco de los buenos resultados obtenidos desde 1993 en adelante.
Más aún, las quejas y los pedidos que hoy provienen de empresarios y de inversores interesados no se refieren a la legislación minera específica sino a otras normas de carácter macroeconómico que influyen negativamente en el sector porque generan una gran desconfianza en quienes están dispuestos a traer miles de millones de dólares para invertir y crear nuevas fuentes de producción y trabajo que mejoren nuestra realidad económica y social, y para que la Argentina se convierta en un gran productor minero a nivel mundial.
Creemos oportuno recomendar a todos los representantes de la política partidaria tener en cuenta estos valiosos antecedentes, y en particular la necesidad imprescindible de lograr acuerdos y consensos con la totalidad de los actores de la industria minera (cámaras, gremios, etc.) y con las poblaciones de las provincias que se benefician con el desarrollo de la actividad, antes de adoptar propuestas parcializadas y/o medidas que puedan tener un efecto contrario al que se busca obtener.
En ese sentido, nuestro país cuenta con excelentes profesionales universitarios que se desempeñan en las distintas y variadas especialidades relacionadas con la industria minera, capaces de colaborar con los actores de la política para orientar sus propuestas de la forma más adecuada y conveniente, tanto en los aspectos sociales y económicos como en los ambientales.
Por último, también sería muy importante que los candidatos y demás integrantes de los Partidos Políticos consulten con el único organismo asesor nacional minero, creado por la Ley Nº 24.224, integrado igualitariamente por todas las Provincias y la Nación, que es el CONSEJO FEDERAL DE MINERÍA.
(*) Geólogo - Matrícula COPIG 2774A
Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza
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