ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Por Eddy Lavandaio (*)
Hace muchas décadas se popularizó una frase tipo refrán que decía: “el que tiene plata hace lo que quiere”. Muchos interpretaron que los ricos pueden comprar todo lo que quieren mientras los pobres tienen muchas limitaciones y no pueden hacer lo mismo.
Pero hay otra interpretación que no hace ninguna diferencia entre ricos y pobres porque alude al mucho o poco dinero que una persona recibe por remuneración o por ganancia y que esa persona considera que es de su propiedad. Es “su dinero”.
Este sentido de propiedad de lo que se gana no tiene ninguna ideología. Es válido hasta en las ultra socialistas granjas tipo kibutz donde la retribución que recibe cada socio de la cooperativa es exclusivamente suya.
Entre un humilde asalariado y un exitoso empresario hay una enorme diferencia en la cantidad de dinero que recibe periódicamente pero ambos consideran que son los “dueños” de lo que ganan.
Por eso, con “su dinero” cada uno hace lo que quiere o lo que le conviene (a él, a su familia o a sus socios) ya sea gastarlo, guardarlo o invertirlo.
Los gobiernos, en general imponen tributos (impuestos, tasas, etc.) para solventar su propio funcionamiento que, en mayor o menor medida, siempre achican el sueldo o las ganancias de cada persona (física o jurídica) pero no imponen lo que cada uno debe hacer con lo que finalmente le queda.
Si bien generalizamos el sentido de propiedad de lo que cada uno gana, hay una diferencia a tener en cuenta. El humilde asalariado gasta su dinero en las necesidades básicas de su familia, en cambio, el exitoso empresario deposita sus ganancias en bancos que le ofrezcan una renta segura y conveniente o la reinvierten en nuevos negocios que le incrementen su patrimonio y sus ganancias.
Pero en un mundo que ofrece muchas alternativas, el destino de los depósitos o de las inversiones suele estar influido y hasta condicionado por las políticas que cada país impone al respecto. En ese escenario, cada empresario o inversor elige el país o el lugar que más le conviene para depositar “su dinero” o invertirlo en un negocio.
Vale la pena aclarar que, dejando de lado a “bicicletas financieras” y otros circuitos especulativos, las inversiones son necesarias para crear fuentes de producción y trabajo que aporten al desarrollo económico y social de la comunidad que tanta falta nos hace.
La Argentina de hoy parece ser un lugar en el que los inversores foráneos no quieren invertir sus dólares acá y los inversores locales prefieren depositar o invertir sus dólares en otros países.
Muchos políticos despotrican cuando hablan de los empresarios e inversores afirmando que son especuladores o que “trabajan en contra del país” llevándose la plata a otra parte. Sin embargo, los políticos son los que gobiernan, los que hacen las normas y los que toman decisiones. Deberían darse cuenta, entonces que si los argentinos prefieren llevarse “su dinero” a otra parte y los extranjeros no quieren traer “el suyo” a la Argentina debe ser porque las condiciones que los políticos han impuesto no son atractivas ni seguras ni convenientes para ellos. Es de sentido común, ¿o no?
Ese contexto afecta en mayor o menor medida a casi todas las actividades pero una de las más afectadas es la minería metalífera, cuyas fuentes de inversión y de financiación provienen mayoritariamente del extranjero.
El sector minero fue potenciado a partir de la reforma de la Ley de Inversiones Extranjeras y de otras leyes específicas, llevadas a cabo en la última década del siglo XX. Con esas reformas cambió su pasado poco significativo y se transformó en un importante productor y exportador de minerales. La inercia de ese proceso alcanzó un máximo en el 2012, con exportaciones por valor de U$S 5.400 millones, pero desde entonces las estadísticas lo muestran como un sector en retroceso con temporales amesetamientos.
Curiosamente, las exploraciones continuaron (de manera bastante lenta) pero ninguno de los grandes yacimientos ya cubicados entraron en la etapa de construcción y puesta en producción en los últimos diez años. Esta etapa es la que requiere el grueso de la inversión (hablamos de miles de millones de dólares) y parece estar demorada, afectada por las condiciones desfavorables antes citadas.
Nadie más que nuestros políticos pueden cambiar este escenario desalentador y revertir la enorme desconfianza existente para depositar o invertir dinero en el país. La Constitución Nacional les ha impuesto la responsabilidad de gobernar y tienen que hacerse cargo.
(*) Geólogo - Matrícula COPIG 2774A
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