ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
El CO.FE.MIN fue concebido como un órgano asesor de la autoridad minera nacional en el año 1984.
El 7 de mayo de 1813 la Asamblea Constituyente sancionó la primera Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por la Junta de Gobierno. Hoy, pasados más de dos siglos, recordamos en este día la visión que tuvieron los padres de nuestra patria y que aún no se ha logrado plasmar de manera clara y definitiva en políticas públicas de largo plazo que se materialicen en un pleno conocimiento y desarrollo sostenible de nuestros recursos naturales mineros para el beneficio de todo el pueblo argentino.
A fin de poder consensuar políticas mineras y de lograr la capacidad de ejecución de las mismas en todo el territorio argentino. Dichas funciones del CO.FE.MIN fueron reafirmadas mediante su constitución formal en el año 1993, a través del artículo 11 de la Ley Nacional N°24.224, como parte de las políticas públicas que se estaban implementando y que antecedieron a la reforma de nuestra Constitución Nacional en el año 1994. Este organismo está integrado en forma igualitaria por todas las provincias argentinas junto con el Estado Nacional y cuya misión principal es participar activamente en el asesoramiento, diseño, ejecución y seguimiento de la política minera nacional (artículo 1 del Reglamento del Consejo).
Desde su creación tuvo un gran protagonismo en los primeros años y luego, un funcionamiento saltuario, retomando nuevamente su actividad con una fuerte presencia en los últimos años, siendo una más de las instituciones cuyo fortalecimiento y funcionamiento pleno es clave para el desarrollo de la industria minera en el país. La sinergia que otorga el conjunto de todas las provincias trabajando en minería, cada una con sus particularidades geológico/mineras, hace que la institución sea una poderosa herramienta política. Así fue concebido desde sus inicios, ya que esta gestión especializada y única que el CO.FE.MIN.
puede canalizar permanentemente a los órganos políticos, se basa en la discusión de temas vitales que hacen a la marcha de la minería en su conjunto, pero que a la vez deben ser acordados por todos los distritos. Las autoridades mineras provinciales son las que están día a día gestionando allí las diferentes actividades mineras, interactúan con otras áreas de sus gobiernos provinciales, con la gente y las comunidades locales directamente en su territorio, y su articulación a través de las asambleas del Consejo con la autoridad minera nacional, responsable de gestionar y accionar de acuerdo a su competencia dentro del Gobierno nacional, son la base sobre la que construir la política minera nacional al compartir, debatir, y trabajar para entender las diferentes problemáticas a resolver en el corto, mediano y largo plazo.
Se persigue con esto, hacer llegar a cada reunión decisoria en los altos niveles del Poder Ejecutivo y Legislativo una premisa que resuma: “venimos a proponer un determinado asunto, con un debate y consensos”. No importa si una provincia posee mayor o menor producción minera que otra, lo valorable en lo político, es que a la hora de las decisiones haya un consenso colectivo, con Ministerio de Energia y Minería Secretaría de Minería Ministerio de Economía acuerdos y desacuerdos claros y fundamentados, que se pueda trasmitir claramente a los que toman decisiones, sea este el Poder Ejecutivo o Legislativo, y tanto de los gobiernos provinciales como de la Nación.
Esto, inequívocamente allana caminos y facilita la gestión. Pocas veces en el CO.FE.MIN., se ha tenido el fluido contacto colaborativo con ambas Cámaras en el Congreso de la Nación como en la actualidad. Al mismo tiempo, se ha comenzado nuevamente a trabajar en forma conjunta con otras instituciones relacionadas a l a gobernanza de los recursos naturales mineros, para contribuir también a su fortalecimiento al mismo tiempo que se desarrollan líneas de acciones y trabajos en conjunto, como son el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Argentina de Competencias Mineras (COESIM), el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM), y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Debemos seguir trabajando aún para lograr reglas claras y estables a largo plazo y construir instituciones sólidas, para que en momentos de inestabilidades macroeconómicas como la actual, la industria minera ya esté funcionando a pleno y con todo su potencial desplegado, para aportar lo que sabemos puede hacer para revertir esas situaciones.
Las 23 provincias son productoras mineras, cada una posee una problemática diferente, pero minera al fin, todas sin excepción contribuyen, o a la exportación, o a la sustitución de importaciones para el desarrollo de la industria, que en muchos casos termina exportando el valor agregado que impone la manufactura, generando empleos directos e indirectos. Por ser cada distrito diferente, en cada caso se necesita un tratamiento específico, sea este geológico, minero, ambiental, legal o de presupuesto. A estos problemas hay que exteriorizarlos, desnudando el impacto económico, social o jurídico que lleva implícito, explicarlos y ponerlos al servicio de la política, eso sí, siempre con un consenso donde el CO.FE.MIN. lo certifique. Esta herramienta de acuerdos, permitirá aportar recursos políticos a los niveles más altos de los poderes de la República para hacer frente a problemas sociales, administrativos, ambientales, etc., sin que cada provincia quede aislada para resolver la problemática.
Desde el Consejo Federal de Minería (CO.FE.MIN.) renovamos en esta fecha una vez más, nuestro compromiso para trabajar por el desarrollo pleno y sostenible de la industria minera, pilar fundamental de otras industrias (como las energías renovables, la agrícola, la obra pública, la siderúrgica, y muchas más), con el pleno convencimiento que a través de la misma vamos a contribuir genuinamente al desarrollo productivo federal, a las economías regionales, a la disminución de la pobreza, al bienestar social y a la soberanía nacional.
Nota de la Redacción: El Artículo fue elaborado por el Consejo Federal de Minería.
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