ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Se trata de las graves consecuencias en la ciudad rionegrina ocasionadas por Geotécnica SA, que explotaba Mina Gonzalito, entre los años 1950 y 1980.
Desde hace tiempo que los nombramientos dentro del sector minero argentino en la órbita oficial responden a cuestiones “políticas” de muy baja alcurnia y se ha perdido esa necesaria captación de profesionales con prestigio, conocimiento y manejo de la ética con suma responsabilidad.
Sin duda que hablar de ética y moral para desempeñar cargos de conducción en el Estado nacional o provincial es una vara muy alta, pero imprescindible para que las buenas intenciones no sean una instancia muy global y poco calificada. Es de entender que se asuma un cargo con buenas perspectivas; sucede que el mal desempeño, el desconocimiento, la desidia, la incomprensión y la falta de contenido hacen que esas buenas intenciones se esfumen.
Eso es lo que ha pasado en los últimos quince años con la contaminación del plomo y metales pesados en la ciudad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. Allí una empresa minera, Geotecnica SA, que explotaba Mina Gonzalito, en su tarea metalúrgica para obtener minerales para la venta, realizó un verdadero desastre ambiental, entre los años 1950 a 1980. Esta contaminó cientos de hectáreas, la costa marítima, la flora y la fauna sumando a la vez a miles de personas. Convirtió su producción en una plaga que indujo plomo a los seres vivos de la zona.
Cuando se descubrió y denunció este martirio en la población, desde el Estado nacional en el año 2008 a la fecha se destinaron más de 11 millones de dólares para su remediación. La cual no fue efectuada y dista mucho de ello. La profanación continúa.
Desde estas páginas acompañamos la denuncia de todos los sucesos transcurridos y cuanta maniobra efectuaron los distintos funcionarios para esconder “bajo la alfombra” la mugre que cada gestión dejaba a su paso. Valoramos el trabajo de la gente que constituyó la Multisectorial del Plomo; quienes desde su perseverancia y entrega social no cesaron en denunciar, reclamar y profundizar la búsqueda irrenunciable del bien común. Algo que los sellos de goma no poseyeron en tantos años.
Desde las diferentes autoridades del Estado nacional como Jorge Mayoral entre los años 2002 al 2015; pasando por los períodos de Daniel Meilan, Juan Biset, Mario Capello, Santiago Dondo, Carolina Sánchez y Mariano Lamothe, entre los años 2016 - 2019; luego llegaron Alberto Hensel y los actuales Fernanda Avila - Enzo Araya entre 2019 - 2022, todos, absolutamente, coincidieron en algo: en ser parte de un fracaso institucional del Estado; derroche de millones de dólares; distorsión de la realidad y mal cumplimiento del desempeño como funcionarios públicos. Tarea inconclusa donde los millones se gastaron, la remediación no se hizo y la salud de los sanantonienses sigue bajo un gran peligro: el plomo y los metales pesados en la sangre.
Todas las gestiones ejercieron la desidia como característica. Permitieron que otros funcionarios mintieran, fraguaran, mal informaran, mal calcularan, estafaran socialmente a la población y sólo buscaran soluciones superficiales a la gravedad que impera en la zona ante la contaminación.
El demoledor informe de la AGN:
En el “INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN AMBIENTAL - MANEJO INTEGRAL DE PASIVOS AMBIENTALES MINEROS PROYECTO N° SICA S 50402412 ACTUACIÓN N° 235/20 -AGN - AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN” entregado en el mes de julio pasado a la Secretaría de Minería y al Servicio Geológico Minero Argentino, SEGEMAR, se pone de manifiesto los desastres administrativos y técnico coordinados por la SECMIN.
El informe fue publicado en sus redes por PGM y a la vez se realizaron consulta con quienes estuvieron recientemente a cargo de estas áreas. Por tal motivo, desde esta redacción, se intentó contactarse con Santiago Dondo, quien no respondió; a la vez lo hicimos con Juan Biset, quien pidió información y le fue remitida pero no contestó a la inquietud periodística sobre su posición; y por último; en forma telefónica se habló con el subsecretario actual, Enzo Araya, quien manifestó que no sabía de qué se trataba el documento y desconocía su existencia. Hasta el cierre de la actual edición, éste último no llamó ni dio ninguna explicación, algo que es cotidiano desde que están en Buenos Aires, arribados de carambola, en el pasado mes de enero.
Conclusión, nadie sabía nada. La AGN argumenta que el informe se lo entregaron directamente a Fernanda Ávila y Eduardo Zapettini, titular del SEGEMAR. Pasaron seis meses desde que lo recibieron, no emitieron opinión, no respondieron el duro cuestionamiento hacia la SECMIN, y para colmo, sus subalternos entendían de qué se trataba. Indudablemente nos cabe la pregunta: ¿en manos de quiénes estamos?
Para empeorar la situación, desde la misma AGN explicaron a la prensa que los informes anteriores entregados en el año 2020 y otro del 2018, se aconsejaba efectuar denuncias judiciales para esclarecer la detección de funcionarios que habrían participado en la confección del informe de remediación en una empresa privada, y luego se desempeñaron en el gobierno coordinando la ejecución de lo que habrían diseñado. En clara alusión a la recientemente premiada geóloga estrella de la remediación en San Antonio Oeste.
Todos los artífices necesarios de esta verdadera tragedia ambiental no desaparecieron como los mineros contaminadores de Geotecnia. En mayor o menor medida siguen deambulando dentro del sector, algunos de ellos con ganas de volver a sus funciones gubernamentales en el inminente cambio de gobierno que se experimentará durante el año 2023.
Mientras esto sucede, una comunidad patagónica demanda respuesta a los efectos de revertir la postergación y permanente contaminación que se padece. Con el agravante que la desidia de los funcionarios involucrados profundiza más la irreparación de este flagelo.
En los ecos de la conversación mantenida con Enzo Araya, actual funcionario, es que para ellos están conformes con lo que hace el gobierno actualmente en la remediación, sin dudas, desconoce no solo lo que sucede hoy, ignora la trágica historia. Y esa inopia latente, es la que separa aún más el abordaje final de la solución al problema. En mayor o menor medida los funcionarios actuantes siguen siendo parte del problema social de la contaminación.
Lo que es peor aún, lo que no quieren leer, es que la AGN aconseja al BID no dar más fondos por todos los desastres que han efectuado. En definitiva, perdería San Antonio Oeste, perdería la Nación y como caracterizó a las diferentes gestiones, jodieron la vida del soberano.
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