ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
En la localidad del Departamento de Belén, algunos profesionales en nombre de la Universidad Nacional de Catamarca, harían campañas y operaciones anti mineras.
Lo que conocerán hoy nuestros lectores, ocurriría en pleno siglo XXI, a la vista de todos y todas, en una provincia decididamente minera y en la que los proyectos mineros son la carta de presentación para los inversionistas ante el mundo. Existen profesionales que, en nombre de la Universidad Nacional de Catamarca, harían campañas y operaciones anti minería.
De confirmarse la información que adelantaremos ahora en esta edición de Prensa GeoMinera, recién comenzará a fluir a nivel nacional una historia de injusticias y de violación de los derechos humanos que parece ser tomada de una crónica del siglo XIX y que deja lamentablemente atrapada a la mismísima UNC y a las autoridades nacionales que deben preservar los derechos indígenas en nuestra Argentina del interior.
Distintas noticias que se esparcen en páginas digitales y algún medio nacional, alimentan una opinión pública, que hasta hoy, curiosamente solo ha tenido como voceros a una abogada que se define como “ambientalista” y un Arqueólogo que en nombre de la UNC se presentan como dueños de las comunidades originarias de esta zona de Belén.
Según la información que pudo acceder Prensa GeoMinera, a través de distintas fuentes de las comunidades del distrito Belén y del propio gobierno catamarqueño, esta semana el alerta llegó a las comunidades de Carachi, Aguas Calientes, Laguna Blanca, Corral Blanco y La Angostura, ante un nuevo atropello que estas comunidades estarían sufriendo por el accionar “perverso que un arqueólogo y una abogada que mediante engaño a residentes de la zona, estarían concretando con GPS en mano divisiones territoriales y mapas” en nombre de la universidad de esta jurisdicción.
De confirmarse la información descripta, en este lugar alejado de los centros urbanos de la provincia, las autoridades de la UNC deberían próximamente fijar posición formal para comenzar a develar un mecanismo inicuo, que en nombre de la ciencia, coloca a la institución en un lugar del siglo XIX en pleno siglo XXI, donde, los derechos humanos y los procesos de deliberación y autodeterminación de los pueblos originarios no pueden ser avasallados, ni por los mineros, la política en general, ni falsos ambientalistas o arqueólogos, como sería en este caso.
Según pudo conocer PGM a través de diversas fuentes de la zona, los involucrados en este tipo de maniobras han sido sistemáticamente denunciados en la justicia provincial, por pretender consagrar Caciques a su antojo destruyendo las relaciones dentro de las comunidades autóctonas de la zona y por fuera las competencias del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y autoridades provinciales. Resulta paradójico, para cualquier avispado de la prensa nacional, que hasta ahora no se haya investigado el reiterado uso de sellos y firmas de Caciques, actuando amparados en supuestos derechos indígenas. En la actualidad, continúan utilizando para usufructuar con fines personales, lejos de los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Este nuevo antecedente denunciado, sería una intromisión directa en las funciones de seguridad territorial, registrándose una nueva intervención sin precedentes; la cual se estaría materializando en medio de la implementación de la Consulta Pública que minería de la provincia intenta garantizar a los efectos de que la sociedad se informe y participe. Por eso sentenciamos que se decodifica que por medio de este tipo de artilugio que realiza una letrada y un arqueólogo en nombre de la “batalla cultural”, contra de la “maldita minería”.
En este preciso caso que relatamos, sería la misma “maldita minería” -que según colegas y ex becarios del Arqueólogo- le habría permitido instituirse como “emperador” a través de recursos obtenidos de Minera Alumbrera para erigirse en dueño único del museo de Laguna Blanca y desde el que ahora en nombre de la Universidad Nacional de Catamarca viene intentando crear nuevas comunidades indígenas para dividir y evitar que los verdaderos dueños del territorio participen del procesos de consulta previa libre e informada.
Como coralario, para quienes quieran ponerle el cascabel a esta situación, sepan que conoció, por fuentes bien confiables, que el arqueólogo en cuestión, recibe entre sus colegas el apodo del “emperador” por haberse convertido en el dueño de la voluntad de varias comunidades aborígenes del distrito de Belén, apropiándose “representación” de Laguna Blanca desde un museo que le permite regentear la biósfera de local y del cual los originarios están excluidos de participar en cualquier beneficio.
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