ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Desde hace ya casi veinte años, desde el “No a la Mina” de Esquel en el año 2003, hasta estos días, la frase “el Lobby minero”, aparece, como si detrás de ésta estuviera un monstruo de cinco cabezas devorador de seres humanos o de siniestros inquisidores medievales.
Un dato que grafica esto es que la revista Anfibia, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), una aparente aliada del sector minero, por los miles de dólares que éste le giró para la realización de estudios y contratación de trabajos, se muestra muy crítica con la actividad minera. Desde esta revista institucional no dudan en decir que desde lo social “llevan 20 años diciéndole “No a la mina”. Miles de personas comunes defienden su territorio. Se hacen visibles ante el relato de la política, siempre a punto de ceder al lobby minero y sus megaproyectos, rebautizados con nombres engañosos que prometen una sustentabilidad imposible”.
¿Qué raro no?, desde este medio (financiado desde el aporte de todos los argentinos - incluidos los mineros), nada se dijo de los atropellos administrativos (defraudaciones al Estado) que durante años se realizaron desde esta “Casa de Altos Estudios” y que la justicia investigó a su ex rector Carlos Ruta o su ex Director de Relaciones Institucionales, Hugo Nielson (este último actualmente asesor de la Secretaría de Minería de la Nación), quienes aguardan el juicio oral para saber qué pasó. Pasando este detalle de color, los opinadores subvencionados escriben sobre el “lobby minero”. Pero tanto ellos como otros, jamás detallan cómo, cuándo y quiénes, realizan esta función, en lo profesional, nos gustaría saberlo. Es más, interesaría saber qué rostro tienen y si es posible, el color de esa billetera.
Ya casi 20 años de un mensaje sin decodificar. ¿Qué es el Lobby de la industria? ¿Será acaso aquel que no pudo agrupar 50 personas para levantar banderas dentro de la plaza central en el año 2007 cuando se votó la Ley antiminera 7.722 en la provincia de Mendoza?
O... cuando se buscaban adhesiones para que en San Luis no se prohibiera la explotación de minerales metalíferos, la que se impuso, y fuera impulsada por quien era la primera dama de los puntanos, la actriz María Esther Goris, quien exigía una visión ambientalista para esta jurisdicción. A la hora de agruparse, sólo eran muy pocas las voces, sólo los trabajadores mineros de AOMA, tal como lo hicieron antes en Mendoza y luego en Córdoba.
Se puede profundizar más acerca de la incidencia de esta actividad en los ámbitos de decisión.
En el año 2005, pese al poderío ascendente del sector en pleno proceso de expansión de la industria en la provincia de San Juan y la hegemonía de Minera Alumbrera en Catamarca; en Río Negro, se continuó con la tendencia iniciada en Chubut. Aquí los radicales del gobierno rionegrino, de la mano del ex gobernador Miguel Saiz suspendieron las pretensiones de progreso. No hubo cuestiones partidarias, tanto peronistas, radicales, de derecha o centro, empezaban a actuar con total similitud. El termómetro social y los procesos electorales, comenzaban a dominar la escena, las percepciones volcaban la balanza y de esa forma se postergaba el desarrollo de las economías regionales. Mientras esto sucedía, en Santa Cruz, la historia nos permite analizar que bajo la tutela de Néstor Kirchner, en sus inicios como gobernador, la minería allí, avanzó.
A Chubut, Mendoza y Río Negro se le sumaron, Tierra del Fuego, La Pampa, Tucumán, Córdoba y La Rioja. Todas tuvieron su ley antiminera, pese al “lobby minero”, de esa forma, un tercio del país, para el año 2011, dibujaba el color rojo “prohibiendo” esta actividad, que sin dudas, madre de industrias.
En el 2003 se le sumó el auge de San Juan. Allí los “anti” no tuvieron cabida. En diciembre de ese año asumió José Luis Gioja como gobernador; en menos de seis meses, la industria tuvo su “paraguas de licencia política” que no dio lugar para que muchos sanjuaninos duden y hoy, en la actualidad, más de un tercio de la población posee relación económica con la actividad, y es más, aguardan más desarrollo cuando se concrete la llegada de las demoradas inversiones para extraer cobre desde el proyecto “Josemaría”. Mientras eso sucede, los cuyanos de esta jurisdicción, gozan de los cimientos que se consumaron en los primeros años de este siglo. Para no olvidar.
Es cierto, que en esa provincia, la empresa Barrick tiró por la borda, mejor dicho derramó, con su “contaminación” cianurada, el argumento que hasta ese año, 2015, exhibía la industria de no haber registrados daños al ambiente como consecuencia de ser una industria segura. Si bien se procedió para remediar este “descuido de la cuestionada mundialmente Barrick”, el poderío económico y político que se le acredita al sector, no pudo debilitar la sanción económica con la mala imagen que hasta hoy se recuerda el hecho. La ofensiva ambientalista, por ese tiempo, se hizo más consistente.
A veces, cuando se habla del famoso “poder de pasillo” es bueno recordar que en diciembre del año 2007, la última gestión gubernamental del presidente Kirchner, fue imponer al sector el pago de retenciones, rompiendo de esta manera la estabilidad jurídica y fiscal de 30 años que muchas mineras poseían por ley. En ese lapso, los capitostes ejecutivos de las empresas, se rasgaban las vestiduras argumentando represalias desde sus casas matrices o salidas del país. Nada de eso sucedió. Para recuperar esas retenciones debieron iniciar juicios, que a la larga, fueron dineros recuperados.
Hubo un veranito. Cuando asumió Daniel Meilán, en el año 2015, como secretario de Minería de la Nación, logró que a las mineras les retiraran las retenciones. Los aplausos duraron sólo quince meses. Vale destacar que, los mismos aplaudidores volvieron a golpear sus manos en público cuando regresaron las mismas, dejando el sabor de “nos da lo mismo”.
Con la Ley de Glaciares también pasó algo similar a los sucesos ocurridos con la de Humedales. Muchos años de tratamiento legislativo pero sólo la política, cuando efectúa movimientos de piezas para avanzar o retroceder, logra el ineludible conocimiento público y allí el revuelo; tal como sucedió en esta última oportunidad.
Esta es una característica extendida en el tiempo, donde se observa a los ejecutivos jerárquicos de las empresas, que “siempre llegan tarde cuando nunca pasa nada”, algo que debería ser revertido.
“El cuco” minero, que quieren hacer creer los ambientalistas a la sociedad, sólo sirve para plasmar comunicados, fundamentar razones y tener un enemigo invisible, logrando su propósito.
Sin duda que, deben existir, bufetes de letrados que se mueven, intercambian y gestionan a favor de la actividad. Pese a ello, se está muy lejos de poseer un poderío lobista.
Los mineros no son ni “Carmelitas Descalzas”, y menos, “Damas de Rosa”. Son criollos que se desempeñan como empleados ejecutivos de poderosos inversores extranjeros, nada más. La realidad permite expresar que están muy lejos de tener incidencia ante el poder central. Si fueran dueños o principales accionistas, las cosas podrían cambiar.
Aquellos ejecutivos que acceden a una porción de incidencia real, sólo consigue ese fin si se encuentran cerca de quienes “poseen poder real” y pueden extender esa “licencia política”.
Algo que para las compañías que usufructúan con recursos no renovables es imprescindible para desarrollar la industria. De esa manera se puede obtener una “Política de Estado” que contribuya a transformar las economías regionales, y las mismas son acciones que se le atribuyen al poder local, esgrimido por .los líderes territorial.
Para los que insisten sobre el famoso y mentado “lobby minero”, les recordamos que en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) durante cuatro años, hubo un funcionario nacional como presidente. Era un ejecutivo minero de una estatal, nombrado por decreto presidencial. Sin palabras. Esto sólo significa demostrar un argumento, más que contundente, como dato de la realidad, que sirve como claro ejemplo poder visualizar el tan mentado “poder de vestíbulo”.
Está muy comprobado que los mineros necesitan más alto nivel de gestión. Anticiparse a este tipo de situaciones, profundizar esta imperante necesidad que exige romper con la tradición de “enterarse por los diarios” de lo que sucede.
Existe en los últimos años la clara intención de revertir viejos vicios. La realidad, compleja por cierto, demanda otro tipo de estrategia a los efectos de consolidar una presencia con mayor incidencia en los escenarios de decisión.
Algunos le llaman lobby, cuando no encuentran explicación. Otros entienden que deberían existir tácticas y estrategias sectoriales.
Habría que detectar hombres y mujeres que complementen la representatividad del sector siendo estos valiosos profesionales. Por ello, se entiende que la realidad política nacional exige la presencia de gestores multipropósito y conectados a los ámbitos de decisión.
Claudio Agustín Gutiérrez
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