Todo indica que el “bochorno Livent” todavía no terminó. Sin duda ya caló hondo en la mala prensa que le propinó a la industria a nivel nacional.
Sin duda el modelo “Jalil” sigue sorprendiendo a propios y ajenos. Sin tener en cuenta el colapso de credibilidad por las denuncias de fraude al fisco que denunciaron organismos nacionales, provinciales y legislativos, pese a estos antecedentes recientes, la autoridad minera convocó a un equipo interdisciplinario que analice y encamine la audiencia pública para el Informe de Impacto Ambiental (IIA) solicitado por la cuestionada empresa.
La iniciativa intenta dar viabilidad al proyecto de producción de litio operado por Minera del Altiplano SA, ubicado en Antofagasta de la Sierra, Catamarca, en la etapa de expansión fase II. El proceso comenzó el 18 de julio y concluirá con la audiencia pública, en Ciénaga Redonda, el próximo 12 de agosto se concretará el proceso de Participación Ciudadana consulta y audiencia pública para el Informe de Impacto Ambiental proyecto Fénix, etapa de expansión fase II, iniciado por Minera del Altiplano SA (Livent).
La misma trata del único productor de litio con que cuenta la Provincia. Empresa denunciada por las autoridades competentes de la provincia, la Aduana y la AFIP al haberse comprobado subfacturación en las exportaciones de litio que realiza desde la producción del minera que se encuentra ubicado en Antofagasta de la Sierra, en el Salar del Hombre Muerto, y está próximo a iniciar la etapa de expansión.
Lo que no posee una lógica, desde la percepción social, es que el mismo Estado, que sería el afectado por la subfacturación hecha por la empresa, no haya suspendido hasta que se esclarezcan los hechos cualquier tipo de pedido que de la sensación de ignorar lo que está sucediendo. A entender de un ex funcionario de la provincia, a su entender “debe detenerse cualquier tipo de acción hasta que los organismos intervinientes definan que ha sucedido” ya que está latente “una potencial retiro de la concesión si se comprueban las denuncias” conocidas públicamente y que es de aplicación de la autoridad minera competente.
También llama la atención, que la máxima autoridad minera nacional (hasta nuevo aviso) no haya emitido opinión sobre este aspecto teniendo su compromiso publico de que iba a expedirse cuando se conociera los dictámenes de AFIP y Aduana, los que corroboraron las denuncias. La palabra de Fernanda Ávila tiene su razón dado que ella se desempeñó como Ministra de Minería de Catamarca y la afecta en forma directa al estar involucrada. Pero hasta ahora sólo hubo silencio, cuando se comprometió ante los diputados nacionales en el pasado mes de junio de referirse al tema.
VOLVER A LA PORTADA