ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
(Perdón Barili por tomar prestada la frase)
Por el Dr. Ing. Marcelo Bellini (*)
Cuenta la historia, que en un país llamado Argentina, hay siete provincias que tienen prohibida la minería metalífera por leyes sancionadas por sus respectivas legislaturas. Así las cosas, algunas de esas provincias, ya en el año 2022, se encuentran sumidas en una profunda crisis económico-financiera, que las ha convertido en las campeonas del empleo público y la subsistencia a través de planes sociales, provocando también la emigración hacia otros horizontes más prometedores en lo laboral para aquellos que aún dignifican el trabajo como fuente de sustento propia y de sus familias.
Sigamos haciendo historia:La sanción de la denominada ley de Rezonificación de la Actividad Minera en Chubut , (diciembre 2021), después de 18 años de incumplimiento por parte del gobierno provincial a lo dispuesto en el año 2003, que establecía que en un plazo de 120 días corridos, a partir de la sanción de la llamada ley 5001, debía llevarse a cabo la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso y así definir las áreas en que se exceptuaría la prohibición establecida en la misma ley, duró “lo que un pelado en la nieve”.
La misma suerte corrió la modificación de “la 7722” en Mendoza, cuando el gobernador Suárez, el 26 de diciembre de 2019 anunció la suspensión de la reglamentación y derogación de la misma tras el rechazo de la sociedad a las modificaciones en todo el proceso de la reforma. Finalmente, el 30 de diciembre, una semana después de sancionada, se derogó la ley modificatoria (ley 9209).
En ambos casos, el denominador común para tomar esa decisión (derogar las leyes recientemente sancionadas) fueron las “movilizaciones populares”, que en ambos casos estuvieron signadas por marchas, reclamos y violencia por parte de quienes se oponían (oponen) a esas modificaciones. Violencia a la que le “ hicieron la vista gorda” quienes, por inacción u omisión, me refiero a fiscales y jueces, y también algunos medios periodísticos, debieron actuar o poner en evidencia a los actores e instigadores de tales hechos. Aquellos, omitieron actuar de oficio para castigar, en el marco de las leyes penales vigentes, a quienes no solamente provocaron daños a bienes privados y del estado (casa de gobierno, legislatura, medios de comunicación), sino también a personas.
El proyecto Navidad es una oportunidad no sólo para los habitantes de Gastre, Telsen, Paso de Indios y otras tantas localidades de la Meseta Central de Chubut, sino también para el resto de la población por la posibilidad de abrir nuevas fuentes de trabajo a través de empresas prestadoras de servicios, capacitación, ingresos fiscales, acceso a educación, vivienda y sistemas de salud, por sobre todas las cosas. No todo es petróleo, langostinos y ALUAR.
Las “idas y vueltas” del gobernador Arcioni, quien asumió la gobernación asegurando al electorado que, a pesar de la mala situación financiera provincial, no avalaría proyectos mineros y que respetaría la legislación, sin dudas tuvieron mucho que ver en el final (esperemos que sea transitoriamente, aunque los hechos y la realidad me lleven a creer lo contrario) de la historia minera en Chubut.
A esas idas y vueltas hay que sumarle el excelente manejo mediático y de redes sociales (hay que reconocerlo),de los grupos antimineros, que prefieren un plan social que les garantiza participar “activamente” de marchas, reclamos y la práctica activa del “tiro con piedras”, antes que posibilitar el acceso al trabajo bien remunerado de gente pacífica y que desea fervientemente salir del estado de postración, olvido y despoblación en que se encuentran, particularmente me refiero a los habitantes de la Meseta Central.
A esos grupos, le sumo el “trabajo colaborativo” de grupos de (en algunos casos) pseudo científicos-investigadores, pertenecientes a instituciones como CONICET y universidades nacionales, quienes en un aceitado proceso de “copia y pegue”, reproducen informes y supuestas investigaciones que alertan sobre las nefastas consecuencias del uso de químicos, consumo de agua, alto potencial contaminante de la mal llamada “megaminería”, entre tantas otras apocalípticas advertencias, junto con los pastores de la iglesia, quienes también promueven una falsa asociación de la actividad minera con sucesos violentos al pronunciarse con el “No es No” que se utiliza para repudiar la violencia de género.
Y sin dudas, muchos de nosotros debemos hacer nuestro mea culpa, por no salir con suficiente energía a predicar en los medios de difusión (sobre todo los no mineros), redes sociales y hacer marchas masivas (pero pacíficas) con los trabajadores mineros y sus familias, para defender una actividad lícita.
Capítulo aparte para Mendoza. Allí el principal “caballito de batalla” es el agua y el uso de cianuro en la minería.
La sequía prolongada que sufre la provincia vecina no se la pueden “achacar” a la minería metalífera, pues no hay, y el rechazo al uso de cianuro simboliza la hipocresía de los empresarios vitivinícolas, quienes sí pueden usar esta “sustancia química altamente contaminante” en el proceso de elaboración del vino, al igual que las cantidades de agua que requieren para el riego de sus viñedos.
Por otro lado, y trazando un paralelo con las asambleas, grupos antimineros, científicos e investigadores, y representantes de la iglesia, se critica el posible uso de cianuro y ácido sulfúrico en caso de habilitarse la minería metalífera, pero desconocen (¿desconocen?) sus aplicaciones en vitivinicultura, fabricación de fertilizantes, producción de detergentes, fabricación de baterías y refinación de petróleo, entre otras.
En Mendoza, sucede algo semejante a Chubut, en lo que a zonificación se refiere: Malargüe quiere ser minero, pero el resto de la provincia “no lo deja”. Pregunto: ¿es aplicable el principio de autodeterminación de los pueblos?
Retomando el tema agua, tanto Mendoza, como La Rioja y Chubut, no tienen argumentos sólidos para echarle la culpa a la minería de la escasez de agua en sus ríos, ya que en ninguna de esas tres provincias está habilitada la actividad minera, pero sí otras industrias que demandan el uso de este recurso. En resumen, se cae la teoría que indica que la sequía se produce por culpa de la actividad minera que consume millones de litros de agua.
Ah! También La Rioja reclama futuras regalías por lo que produzca Josemaría. Otra avivada más de los gobernantes de turno, que para la tribuna manifiestan un discurso, pero luego cambian de opinión de un modo camaleónico.
Y así estamos, con riqueza mineral inmovilizada, con miles de compatriotas sin trabajo, con una gran necesidad de divisas para “equilibrar el desequilibrio fiscal”, con legisladores que sancionan o quieren sancionar leyes para gravar aún más la renta de los que producen, en lugar de privilegiar la generación de empleo y la posibilidad de obtener recursos genuinos por inversiones o exportaciones.
En fin, como dice el título de esta nota, ¡Así están las cosas con la minería país!
(*) Secretario CADIM - Docente Universidad Nacional de San Juan
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