ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Por Lautaro Clemenceau (*)
Desde hace poco más de dos décadas, la minería (y en particular la metalífera) ha cobrado una relevancia económica nacional que la ha ubicado en el podio de los primeros diez complejos productivos exportadores de la Argentina. Ubicada en el sexto lugar, la minería exportó en el último año pre-pandémico (2019) por 2.839 millones de dólares (un 4,4% del total de las exportaciones). Una masa de recursos monetarios generados gracias al trabajo de 17.000 mineros que laboran por turnos semanales o quincenales en los yacimientos mineros ubicados en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, extrayendo principalmente oro, plata y litio.
La pandemia por el COVID-19 que todavía estamos atravesando vino a poner en primer plano un aspecto por demás solapado cuando se discute y debate públicamente sobre la actividad minera en la Argentina: el trabajo minero y sus trabajadores.
En abril del año pasado ocurrió un hecho inédito: el Gobierno Nacional decretó que los trabajadores mineros sean “esenciales” y por lo tanto, debían laborar mientras la mayor parte de la población debimos quedarnos aislados en nuestros hogares para evitar la multiplicación de los contagios en el contexto del llamado “ASPO” (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).
En un doble movimiento, esta acción política puso de relieve dos cosas: por un lado, que la actividad era “esencial” en tanto generadora de divisas. Recordemos que prácticamente la totalidad de los minerales metalíferos que se producen en la Argentina tienen como destino el mercado mundial y, entonces, los dólares que genera son de vital importancia para la economía nacional en un contexto de doble crisis (de deuda externa y de recesión global por la pandemia).
Por otro lado, puso en evidencia que los minerales para ser exportados, son explotados diariamente en las minas por los trabajadores mineros.
Durante el ASPO, las empresas operadoras, los sindicatos y los Estados provinciales planificaron mentados protocolos sanitarios para que los trabajadores volvieran a encender las máquinas a gran escala y las computadoras de las cabinas y oficinas. Así, los mineros fueron convocados y se dispusieron a volver a las minas. A partir del mes de abril del 2020, motores mecánicos y circuitos digitales volvieron a la vida luego de las tareas suspendidas aquel 20 de marzo. Antes que nada, debían trasladarse hasta allí, como es costumbre, aunque ahora con los temores y ansiedades que genera la movilidad y el encuentro con otras personas, con el riesgo siempre latente de la presencia y transmisión de este virus.
Entonces, aludidos por el decreto y llamados a movilizarse para producir y generar divisas, implicó para ellos estar en las primeras filas de la exposición potencial al virus, por más protocolos bien implementados que hubiera. La actividad fue re-iniciándose lentamente hasta alcanzar niveles de producción de alrededor de un 80% en septiembre con respecto a los de febrero del 2020 (pre-pandemia).
Uno de los fenómenos que supuso la reactivación fue el aumento de la circulación de personas, puesto que en algunas provincias como San Juan, los mineros representan casi el 10% de los trabajadores del sector privado. Con lo cual, cualquier parate o suspensión de sus actividades produce impactos socio-económicos significativos en dicha provincia.
Otro de los fenómenos que mostró esta reactivación de las labores fue que existe una distribución territorial heterogénea de los trabajadores y sus residencias de sus hogares: entre un 10 y 30% de los mineros residen en localidades que no pertenecen a las provincias donde se ubican las minas donde trabajan.
En algunos casos, aunque sean los menos, residen en el extranjero. Ambas situaciones implicaron problemas concretos para desplazarse y atravesar las distintas jurisdicciones nacionales y provinciales durante el ASPO, ya que varias provincias cerraron sus fronteras con rígidos protocolos. Situaciones más evidentes como el de la minera ubicada en territorio sanjuanino, a escasos kilómetros de la vecina La Rioja, la cual se provee de muchos trabajadores que residen en esta última, implicó un problema jurisdiccional importante y evidente: el mercado de trabajo minero actualmente es nacional, hecho que se debe gracias a la puesta en producción de numerosos proyectos mineros a lo largo de estas dos últimas décadas.
Es así como hoy en día los trabajadores y minas se ubican en muchos casos en provincias diferentes y son quienes se movilizan en forma terrestre y/o aérea para explotarlas. Situación similar les ocurre también al 70% de los mineros que residen en la misma provincia que las minas que explotan, como en Santa Cruz, que de igual manera deben desplazarse en tiempos y kilómetros considerables hasta ellas, puesto que por lo general el grueso de los trabajadores residen en grandes aglomeraciones urbanas.
Este hecho implica que la actividad minera, lejos de ser un enclave o reducto económico atomizado en una localidad o provincia, adquiere hoy en día ramificaciones territoriales más extensas que alcanzan a trabajadores, familias y comunidades más amplias que las delimitadas por las empresas cuando mencionan a sus “comunidades de influencia”.
Junto a este problema de los desplazamientos, se suma aquello que el virus nos obliga como medida sanitaria: mantener cuarentenas de al menos diez días.
Si bien muchos mineros laboran en rosters de 14 días en los yacimientos/campamentos, otros perciben rosters diferentes (de 4, 7 u 8 días).
Entonces, ¿Cómo hacer para conciliar los tiempos de cuarentena, trabajo y descanso? Bajo el esquema cotidiano (pre-pandémico) programado por las empresas, no dan los números del calendario. Las empresas debieron entonces reprogramar estos tiempos, buscando homogeneizar los rosters en 14 días para todos los trabajadores sin distinción jerárquica, a fin de procurar que los campamentos se vuelvan menos permeables al ingreso del virus.
Este punto puso de relieve la forma en que está planificado el trabajo minero moderno: los campamentos de los mineros en los yacimientos son sitios de residencia temporal, lo cual convierte a estos sitios en espacios de tránsito y flujos programados. Este hecho los hace potencialmente más vulnerables que a los campamentos de residencia permanentes (forma ya en vías de extinción).
Las situaciones que describo ponen de manifiesto una vez más el esfuerzo que realizan cotidianamente estos trabajadores y más aún en este contexto extra-ordinario, tanto los contratados directamente por las empresas mineras operadoras como los de las diferentes y numerosas empresas contratistas que laboran junto a ellos.
En ese sentido, también existe una heterogeneidad en los términos y condiciones de contratación: hay un promedio de 45% de tercerización en el sector, aunque en algunos proyectos mineros estos niveles alcanzan el 60%, y que implica en muchos casos condiciones de precarización laboral que expone a los trabajadores al desamparo del derecho laboral argentino. Procurar mejores condiciones de contratación y trabajo para todos los mineros y mineras implica alcanzar niveles de desarrollo prometidos para ellos, sus familias y comunidades que viven de sus riquezas extraídas gracias a quienes se movilizan hacia las minas. De esta manera, será posible la tan ansiada “licencia social” para la continuidad de esta actividad esencial.
Por último, mención especial requiere el cese productivo de Mina Aguilar a cargo de la corporación Glencore que anunció durante la crisis pandémica. Durante más de noventa años los mineros laboraron en sus galerías construyendo sus futuros. Supieron ser el emblema de la minería argentina a lo largo del siglo XX extrayendo zinc, plomo y plata de sus minas.
Sin embargo, en el segundo semestre del 2020 dicha empresa decidió unilateralmente cesar su producción aduciendo criterios “naturalistas” sobre un supuesto agotamiento del mineral, aunque no deja de llamar la atención que en simultáneo haya ocurrido lo mismo en otras minas de su propiedad en Bolivia y Perú.
Esta situación no sólo trae como consecuencia despidos masivos, sino también la clausura de toda una forma de hacer minería casi centenaria en la puna jujeña y que supo construir una sólida cultura minera donde el trabajo y la producción eran el eje organizador de las familias mineras y sus comunidades.
Destacar a los minerales en tanto commodities que generan divisas es una decisión de política económica entendible en el actual contexto crítico. Sin embargo, cuando observamos a quienes se dedican a explotarlos cotidianamente, vemos que este producto de la naturaleza geológica significa algo más que un equivalente monetario: crea trabajadores mineros y así, organiza relaciones sociales de trabajo y economía en torno a ello, conectando territorios, familias y comunidades. Los minerales no se extraen solos, por más ciencia, tecnología digital y abundantes capitales que se le impriman.
Los trabajadores mineros son la esencia de ese proceso de generación de riquezas. Esto es lo que puso sobre la mesa el mencionado decreto presidencial. Reflexionar sobre este punto centrado en el trabajo es pensar el desarrollo basado en la minería.
(*) Dr. en Antropología. Becario post doctoral del CEIL-CONICET, Temas Estratégicos.
