Legisladores rionegrinos se alzan contra Hensel

A pesar de las advertencias públicas y privadas que se le hicieron saber a la Secretaría de Minería de la Nación, todo indica que se llegó a un límite de espera y una extensa seguidilla de frustraciones. Desde los integrantes de la Multisectorial del Plomo, que es una entidad social que se constituyó para llevar adelante los reclamos sobre la contaminación de plomo y minerales pesados como el uranio, el Indio y el mercurio entre otros, los que dejaran abandonados y dispersos por todo el pueblo una empresa minera que operó en esa localidad hasta mediados de los años sesenta.

El abogado que representa al secretario Alberto Hensel fue caracterizado por el juez actuante de querer “silenciar a la Multisectorial”. Esta interpretación llenó el vaso de la espera; no hay más aguante para esperar respuestas. Ya pasaron cuatro gestiones administrativas y una empeoró lo que hizo o no realizó la anterior.

A los reclamos judiciales que se vienen realizando desde hace diez años para que se remedie la extensa y peligrosa contaminación, las autoridades nacionales, en primera medida, las locales y provinciales, atada a la política de turno, no poseen capacidad de reacción. Ahora los vecinos dan signos vitales que no adhieren a la pasividad.

Ante estos reiterados e infinitos reclamos, los integrantes de la MSDP dijeron basta. Repudiando los métodos empleados para coartar la libertad de expresión de esta organización social que busca “reparar el deño ambiental y desastres en la salud pública de la comunidad”.

La sociedad sanantoniense dice basta ante tanta chicana de los funcionarios de la actual administración que mediante diferentes artilugios buscan desacreditar y debilitar los reclamos que se efectúan para lograr que se solucione este dramático problema que se padece en la costa rionegrina. Justo, donde el turismo de playa y mar son el predominante económico de la región y esta situación es una bomba de tiempo por la contaminación que despliega, la que, no solo afectó la salud de los vecinos, sino que resto de minerales pesados aparecen en la fauna marítima de la costa.

Al hartazgo se sumaron legisladores provinciales, tales los casos de Marilín Gemignani y Juan Martín, quienes ingresaron pedidos de informes y declaraciones repudiando las maniobras dilatorias de la autoridad minera nacional.

Gemignani dijo en su escrito que la Legislatura de Río Negro realice “el más enérgico repudio al pedido del Sr. Gaspar Alejandro Platino, representante legal de la Secretaria de Minería de la Nación, ante el Juzgado Federal de Viedma donde solicita se encomiende el cese de las publicaciones en cualquier medio digital a la Comisión Multisectorial por el plomo de San Antonio Oeste referidas al proceso de remediación de residuos de metales pesados que la empresa Geotecnica S.A deposito en el acceso a dicha ciudad entre finales de la década del cincuenta y principios del setenta”.

Por su parte el legislador Martin, presentó un proyecto desde el cual se exija “al Poder Ejecutivo Provincial, la necesidad de desestimar el Acuerdo propuesto por la Secretaría de Minería de la Nación en marzo del presente año, restituyendo la vigencia del Acuerdo Marco de 2016”. Reclamando que, a diferencia de lo que pretende hacer Hensel en lo referido a reformular los acuerdos anteriores que lo liberen de las exigencias judiciales, se indique “A la Secretaría de Minería de la Nación, Poder Ejecutivo Nacional, la urgente necesidad de hacer honor a los compromisos asumidos y completar la remediación de los sitios contaminados en San Antonio Oeste como consecuencia de la actividad minera de Mina Gonzalito”.

La contraofensiva:
En la primera semana de julio las autoridades convencieron a la diputada nacional del PJ rionegrino, Ayelén Sposito, que se solucionaría el problema en 180 días.

Cándidamente la inexperta legisladora nacional, aun sabiendo que técnicamente el problema seguiría irresuelto, salió a proclamar el mensaje oficial por los medios.

Lo que para Hensel fue una “escaramuza ganada”, sólo contribuyó a empeorar las cosas, dado que puso al descubierto que la diputada nacional nunca se acercó a las autoridades locales y menos a la MSDP para su potencial mediación por ser, una legisladora y una vecina de San Antonio Oeste.

La identidad ética de la MSDP:
La última gota de la inoperancia oficial rebalsó el vaso. Si bien es cierto que el secretario de minería actual heredó la problemática compleja de la remediación, no es menos cierto que desde hace dieciocho meses se dedicó a empantanar los reclamos, dejar que el tiempo pase y demorar en forma irresponsable la solución humanitaria que demandan los vecinos de San Antonio Oeste.

Todos se sorprenden de cómo la autoridad actuante evitó el diálogo y siempre intentó tomar atajos que le acomoden y descompriman la situación.

¿Se pensó que del otro lado se encontraban una majada de ovejas? Así sumó otra nueva miopía a la que posee habitualmente dentro del sector minero argentino.

En el pasado mes de enero una bocanada de aire puro procedente de empresarios mineros señalaban que esto se debía solucionar para mejorar la relación con la sociedad, y que era una cuestión esencial para la industria minera que adhería a ser responsable y sustentable. En la misma línea se expresaron desde el gremio de los trabajadores mineros. Pero, la autoridad minera tomo el atajo para intentar persuadir y acomodar la remediación para un beneficio de tranquilidad personal. Le salió muy mal.

Todo indica que habrá fuegos de artificio desde la costa rionegrina. En repudio al pretendido silencio que pretende el Estado en este tema existirán respuestas elocuentes ante tanta presunción, soberbia e ignorancia. Mucha gente dejará de ser lo que ellos llaman “manada” para convertirse en gladiadores.

Desde SAO habrá una defensa a la vida. Un renunciamiento al “no te metás”. Una contraofensiva contra quienes desean silenciar a una comunidad que sólo exige respuestas y acciones.

Una respuesta a los abogados que componen la Secretaría de Minería de la Nación. Verdaderos “cagatintas” que lo que menos hacen es ser fieles a quienes pagan sus impuestos para que perciban abultados sueldos. Lo que es peor, desde la función pública pretenden silenciar, coartar o restringir al que reclama un derecho. El derecho de defender la salud de una comunidad; el resistirse a quedar desamparados por el Estado y de quienes se oponen a ser impotentes ante la adversidad.

Por último, vale destacar que los integrantes de la multisectorial son vecinos comunes. No les pagan ni viáticos ni sueldos; no responden a ninguna fuerza política. Como si fuera poco reciben a menudo descalificativos por su insistencia. Ellos poseen integridad ética y conducta moral.

Se mantienen a derecho y no emiten improperios, los que podrían estar muy bien justificados. Esencialmente muestran compromiso, empatía y convicciones. Algo que no poseen los funcionarios que quieren esquivar responsabilidades e ignorar las genuinas demandas de la sociedad.