Litio como recurso estratégico: ¿Si o no?

Tal vez a falta de noticias mineras de relevancia, se ha instalado con llamativa insistencia el tema de un proyecto de ley que intenta declarar al litio como recurso estratégico de la Nación, e inclusive, algunos van más allá y hablan hasta de nacionalización del mineral blanco. Rápidos de reflejos, referentes políticos de las provincias del NOA con más algunos nacionales y el apoyo de empresarios partidarios del status quo minero nacional, salieron a responder rechazando el intento, basándose en el Artículo 124 de la Constitución Nacional, que establece el dominio de las provincias sobre los recursos minerales.

Así se ha establecido una trinchera (o grieta según la versión Siglo XXI), que en la disputa por el litio separa a los Nacionalistas de los Provincialistas, o a los estatistas de los privatistas, o a los tecnológicos de los primarios.

Una suerte de resurgimiento de los unitarios vs. federales en donde los unitarios son rotulados de querer quedarse con la riqueza del litio en el puerto, y los federales señalados por regalar esa riqueza al extranjero sin darle ningún valor industrial. Predicas estériles, y que nada aportan a la problemática de la minería en nuestro país.

El debate de las competencias Nación – Provincias en materia de recursos minerales resulta sumamente interesante, y es algo que el sector se debe por constituir una de las causas (probablemente la principal) del estancamiento de la industria minera en los últimos diez años. Pero se debe un debate serio y real, no meramente declarativo en intenciones.

La ausencia de una política minera nacional, dejando al arbitrio la decisión del desarrollo de los recursos en manos de las provincias ha provocado una asimetría en la minería, con algunas pocas provincias que promueven la misma, otras siete que la prohíben mediante leyes anticonstitucionales, y el resto que mira desentendido esperando decidir de cual lado se pliega. El UNITARISMO FRAGMENTADO, que ya se ha comentado en otras oportunidades desde esta columna de opinión.

Pero, este debate por el tema litio, se queda en la periferia y cualquiera sea la posición, no resuelve absolutamente nada de la cuestión de fondo. Suena más a una cuestión de egos y de búsqueda de protagonismo sobre un tema de moda, que buscar soluciones para la minería y el país.

El Litio y la oportunidad
Mucho se ha hablado –y se repite hasta el cansancio- de las reservas que posee Argentina dentro del triángulo del litio, por lo que no es necesario ingresar en este aspecto. Si resulta relevante agregar que el litio es un mineral que abunda en distintas regiones de la tierra, sencillo para explorar, fácil para producir y que requiere bajas inversiones. China es uno de los países con mayores reservas en el mundo que casi no explota. Pero a su vez según datos de BloombergNEF China controla el 80% de la refinación de materias primas del mundo, el 77% de la capacidad de las células del mundo y el 60% de la fabricación de componentes del mundo.

En el tema de las llamadas baterías de Ion-litio, solo el 5 % llevan litio como componente, el resto son otros minerales. China ya tiene instalada una capacidad de producción de baterías tres veces superior a la planificada en todo el resto del mundo.

Hoy el mercado mundial de las plantas de baterías Ion-litio en más de un 80%, pertenece a China, Japón y Corea del Sur.

Con este panorama: abundancia de litio en el planeta + concentración de fabricantes de baterías en el sudeste asiático, que a su vez son los principales productores de autos eléctricos, smartphones y otros dispositivos tecnológicos, no basta con tener reservas de mineral, ni son necesarias leyes que expresan buenas intenciones, o si el dominio de los yacimientos pertenecen a la Nación o a las provincias. Hace falta algo más, por ejemplo usar la inteligencia para descubrir oportunidades, sumando medidas simples y concretas para llevarlas a la práctica. Nada de esto se está debatiendo.

La verdadera estrategia
Toda la minería metalífera es estratégica para una nación. Para desarrollar su industria, para ser clave en la transición energética que multiplicará la demanda no solo de litio, sino de cobre, plata, cobalto, níquel, tierras raras y otros minerales, es necesario tener ese norte como estandarte y proceder en consecuencia.

Mientras seguimos concentrados en un corralito de creernos ricos sin serlo, discutimos superficialidades, hablamos de potencial minero sin nunca concretarlo, perderemos también en poco tiempo hasta la oportunidad del litio, y ni siquiera ingresaremos en la de los otros metales.

La oportunidad hoy es ofrecer alternativas tecnológicas de bajo coste, formalizar alianzas regionales, y dar posibilidad a innovaciones concretas que puedan atraer inversiones, como las criptomonedas fondeadas en reservas de minerales. Todo, perfectamente pueden realizarse con la legislación actual, o con algunas leyes especiales sin tocar la Constitución. “Argentinos, a las cosas” como dijo una vez el gran Ortega y Gasset.

El Art. 124 de la Constitución Nacional es claro en cuanto a que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Y el Código de Minería de la Nación establece que el litio es un mineral de la 1ra. Categoría y que los permisos de exploración y concesiones de exploración se establecen de acuerdo a las disposiciones de ese cuerpo normativo.

Cualquier tipo de atribución referida a la Nación que avance sobre el dominio de las provincias deberá pasar el filtro de una reforma constitucional, ya que ninguna ley se encuentra por encima de la Carta Magna.

De todos modos, un tema es el derecho de dominio y otra la jurisdicción. La propias provincias han delegado facultades a la Nación como es la de dictar el Código de Minería (Art. 75 inc. 12 CN) y no pueden dictar Códigos de fondo en ninguna materia, teniendo reservados los procedimientos (Art. 126 CN).

Es bueno que las provincias se acuerden de que el Código de Minería existe y se debe respetar.

Más bueno resultaría que las autoridades mineras de la Nación, que ahora son constitucionalistas a ultranza con el litio, se hagan cargo de que el desarrollo minero es un tema nacional, que tomen presencia en los territorios de las siete provincias que prohíben la minería y expliquen en qué consiste la producción de minerales y los beneficios que aportan para las regiones y Nación, porque gran parte de la población lo desconoce.

Es decir, queda muy claro que la Nación posee competencias y atribuciones para desarrollar una política minera de fondo, con el litio y con cualquier mineral que exista en nuestro suelo, sin ninguna necesidad de rotular con insignias como “estratégico” o “nacional”. El problema consiste en que la Nación ha dejado de ejercer esas facultades y transferido a las provincias su propia responsabilidad en materia minera, lo que ha derivado en el auténtico cambalache legislativo minero que ha sacado al país del mapa como atractivo para la inversión minera.

De los proyectos de ley que circulan con la pretensión de declarar al litio como recurso estratégico, ninguno establece algo novedoso que no se pueda concretar con la legislación actual. Formular articulados de que el litio debe aprovecharse con valor agregado de acuerdo al uso tecnológico y en la transición energética, puede realizarse con una adecuada política minera e industrial desde la Nación, sin la necesidad de discutir el derecho de dominio de las provincias.

Como punto intermedio a los efectos de zanjar diferencias, desde el sector provincialista, privatista o de producción primaria se ha lanzado el tema de la creación de “YPF Litio”. Otra bomba de humo, que nada aportará al desarrollo industrial del mineral. Las grandes concesiones de litio están todas tomadas, e YPF no tiene ni el expertise ni el dinero para participar como inversor, además de soportar una frondosa deuda en moneda extranjera y numerosos juicios en tribunales de otro país. Demasiados problemas tiene YPF en su propia actividad como para meterse también con el litio.

Lo que necesita el país, para dejar de lado el modelo de exportador primario de minerales, que sirvió en parte de los 90 y en la primera década de este siglo -y ya no sirve, pese a la insistencia de algunos nostálgicos- para convertirse en país minero con valor agregado, no son leyes declarativas ni involucrar a YPF. Se tres cosas:

1. Una verdadera política de Estado minera nacional, dotando al sector minero de un organismo público autónomo a nivel ministerio, dependiendo directamente de la presidencia de la Nación.
2. Un mercado de capitales de metales que pueda atraer inversiones de cualquier escala nacional y extranjero a los fines de financiar proyectos.
3. La creación de una empresa minera nacional público privada, que participe desde la exploración de minerales, su producción, investigación tecnológica, y hasta su refinación. Y como si fuera poco, que coadyuve a conseguir la licencia social para operar, imposible con el esquema actual.

Imagen de La Nación