ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Por Favio Casarin (*)
“Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra” - Simone de Beauvoir
Luego de un año 2020 para el olvido en materia de minería, el actual 2021 hasta el momento, además de cosechar todo lo malo que la propia industria generó en la década pasada, está soportando como nunca antes durísimos embates de sectores anti mineros radicalizados y cuestionamientos desde todos los sectores políticos, académicos y sociales. Cerca del cierre del primer semestre 2020, la industria minera se encuentra en riesgo de cerrar un año bisagra, hacia una caída libre que costará mucho tiempo y tal vez varias generaciones revertir.
La aniti minería, en franco crecimiento gracias a los groseros errores de la industria minera, no tiene techo ni límites, y se propone seguir avanzando para neutralizar la industria en las pocas provincias que aún perduran con minería metalífera. A tales fines, hasta ha reclutado para la causa a parte de funcionarios del Poder Judicial en distintas provincias.
Algunos ejemplos:
En el mes de abril en Andalgalá, donde activistas anti mineros cortaron rutas impidiendo el acceso al proyecto MARA, incluyendo hasta el incendio de la sede de la empresa. Delitos contra la propiedad penados severamente por el Código Penal. Tras la detención de los activistas, a los pocos días fueron liberados, gracias a las gestiones de un Gobernador acongojado. Garantía de impunidad para delinquir, total mientras sea contra bienes de las empresas mineras, no pasa nada.
En Chubut, el andamiaje judicial ha encontrado en la minería a la responsable de todos los males de la provincia, y mes tras mes se presentan capítulos nuevos de la zaga. En el mes de febrero la Jueza Arbilla de la ciudad de Esquel, dictó una medida autosatisfactiva, impidiéndole a otro Poder del Estado (el Legislativo) cumplir sus funciones, tales como debatir proyectos de ley –el 128/20 de zonificación minera-.
Luego de algunas expresiones mediante la prensa de algunas personas -ninguna de los interesados directos en el proyecto minero Navidad-, la propia jueza volvió sobre sus propios pasos y dejó sin efecto la medida. Hoy esta jueza se encuentra imputada y se está discutiendo su jury. No por este tema por cierto, sino con motivo de una situación denunciada por una empresa ganadera, una industria con menos complejos que la minería y que no duda en defender sus intereses.
En la misma provincia durante el mes de mayo, se trató en la legislatura un proyecto de Iniciativa Popular para prohibir la minería en Chubut en todas su formas y fases. El sector minero lo único que hizo fue cruzar los dedos, jugado a cara y ceca. Por 13 votos contra 12 el proyecto se rechazó, entonces la minería respiró al haber tenido la fortuna de su lado.
Un respiro que duró un suspiro, porque al bajarse el telón de la iniciativa popular, una nueva jueza –esta vez Barreiro de Puerto Madryn- retomó los argumentos de su colega de Esquel y dictó una medida cautelar impidiéndole nuevamente al Poder Legislativo debatir el proyecto de zonificación minera. La minería no tuvo hasta el momento la misma suerte anterior y como la jueza Barreiro siguió adelante, el decisorio fue apelado por el Fiscal de Estado de Chubut y se aguarda la decisión de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.
Como si lo anterior fuera poco, hace pocos días la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ratificó el fallo del Juzgado Federal de Caleta Olivia que prohíbe la actividad de prospección y explotación minera en la cuenca del Río Pinturas (Noroeste de Santa Cruz), donde se encuentra el yacimiento Cerro Bandurria, sobre el cual Patagonia Gold posee los derechos mineros.
La anti minería en Chubut ha encontrado un gran aliado en algunos sectores del Poder Judicial, que no dudan en expresar sus posturas anti mineras previas, y luego ser juez y parte. El argumento que han encontrado es el Convenio N°169 de la OIT que establece la obligatoriedad de consulta a los pueblos originarios en el caso de proyectos (en este caso mineros) a realizarse. No existe ningún proyecto firme en Chubut, ya que aún rigen –pese a su inconstitucionalidad- los preceptos prohibitivos de la Ley 5001. No importa, si es contra la minería, igual vale por las dudas, mientras los posibles titulares de esos proyectos futuros observan sin reaccionar desde la tribuna.
La minería debe cuidarse y será obligada a respetar –aún por las dudas, como ya se mencionó- a rajatabla la Constitución Nacional. Desde ya que tiene el estigma de no cumplirla, ya que la minería siempre es considerada culpable y debe demostrar su inocencia.
En un país donde un gobierno puede endeudarse por miles de millones de USD sin pasar por el Congreso como indica la Constitución (Arts. 75 inc. 4 y 7), sus responsables nunca tienen consecuencias ni judiciales ni políticas. En ese mismo país, la minería se encuentra obligada a cumplir normas constitucionales aún cuando no le correspondan, y un poder del Estado es impedido de sesionar y debatir proyectos que traten sobre la industria minera.
Este es el verdadero riesgo por el cual los inversores no vienen al país, ni vendrán a invertir en proyectos mineros mientras perdure esta situación. No es el riesgo geológico, ni la carga impositiva, es este cambalache legislativo provincial, donde 7 provincias no respetan la Constitución pero al mismo tiempo invierten la carga de la prueba sobre la actividad minera.
“... En un país donde un gobierno puede endeudarse por miles de millones de USD sin pasar por el Congreso, como indica la Constitución (Arts. 75 inc. 4 y 7), sus responsables nunca tienen consecuencias ni judiciales ni políticas. En ese mismo país, la minería se encuentra obligada a cumplir normas constitucionales aún cuando no le correspondan, y un poder del Estado es impedido de sesionar y debatir proyectos que traten sobre la industria minera...”
Más allá de lo señalado, es justo apuntar que el sector minero no es víctima, sino en su mayor parte victimario. Es el artífice de su propio destino, pues tanto desde las distintas autoridades públicas como los empresarios privados, hicieron todo lo posible -por acción y omisión-, en la última década para colocar a la minería en el actual escenario.
Hoy toda la minería argentina luce desarticulada, en un estado cuasi culposo, donde se sigue escondiendo en lugar de dar el debate. O donde cada uno intenta salvarse por su cuenta refugiándose en alguna provincia que hoy –y no sabemos hasta cuando- la actividad posee licencia política. Como dijo recientemente el Secretario General de AOMA Héctor Laplace: “el sector está fallando, cada inversor se está mirando el ombligo, es decir, cada uno está tratando de resolver su situación sin importar el conjunto y es ahí donde cometemos otros errores”. Clarísimo.
Los propietarios de derechos mineros en la meseta de Chubut consiguieron un proyecto de ley de zonificación, y ni ellos mismos son capaces de defenderlo. Tienen que dar la cara señores, pero con los principales responsables corporativos de Argentina y de la casa matriz. No sirven los eventos en los que exponen empleados de menor jerarquía, a los que nadie escucha. Tampoco mostrar una movilización de pobladores de la meseta que necesitan trabajo. Es necesario que expliquen claramente que van a hacer, como, y que adquieran la responsabilidad frente a toda la sociedad. Esto también es minería sustentable.
La solución no es desde el sector público seguir inventando cargos para hacer lo mismo que pueden hacer los otros que ya están, mientras se carece de una política minera nacional. No necesitamos más funcionarios, sino más bien un capataz con ideas y coraje que pueda aglutinar, dispuesto a embarrarse y no solo a hablar por zoom yendo de la cama al living.
(*) Geólogo y Abogado
