La Iglesia juega fuerte en Chubut y Hensel muestra ineptitud para gestionar a favor de la minería

Si bien toman postura, dejaron la puerta abierta para comenzar a dialogar o ser mediadores de las partes en puja. Mientras, la gestión oficial encabezada por Alberto Hensel, no se pronuncia, no gestiona, está inmóvil y empezaría a saborear un nuevo fracaso de la minería que emularía a lo sucedido en Mendoza. O cambia rumbos o el destino es más pugnas.

Con los aprendizajes de más de veinte siglos, la “sudaca” visión de la diplomacia divina intenta poner presencia y peso institucional para no estar ausente de lo que sucede en esta provincia patagónica. Vale resaltar que distintas comunidades autóctonas de la provincia no estuvieron de acuerdo con las gestiones judiciales y mediáticas efectuadas el mes de mayo que lograron una viabilidad judicial para evitar el tratamiento del proyecto de Ley sobre zonificación minera que impulsa el gobierno de Mariano Arcioni.

Ahora, con esta declaración pública y oficial, la Iglesia Católica muestra homogeneidad en la postura que hasta el mes de enero sólo esgrimían los obispos chubutenses.

Ahora, aún sin pronunciamientos oficiales de los miembros del Episcopado Argentino, los católicos se encolumnan y todo indica que darán batalla territorial.

Una pastoral robustecida:
A diferencia de otras oportunidades, tanto en esta jurisdicción, como en Río Negro, Mendoza, La Rioja o Catamarca, la curia armó un debate interno desde la participación de laicos y religiosos, obteniendo desde la variedad de conceptos, el posicionamiento de un mensaje que ya se viene debatiendo, desde hace rato, y al cual los sectores pro mineros nunca supieron como acceder.

Ahora, por primera vez desde los sucesos de Esquel, pasando por Chos Malal (Neuquén) o Famatina (La Rioja), participan las estructuras internas de los católicos quienes han delegado en practicantes comprometidos, para avanzar en estos temas de alta conflictividad social y de las cuales la iglesia no quiere estar ausente.

Por eso, quienes subestiman a los equipos diocesanos, la pastoral desde sus diversas temáticas y a las comisiones, vale advertirles que todas ellas dependen del propio episcopado, se equivocan. Y un dato que deberán tener muy en cuenta, es que no son falibles a las presiones políticas, de referentes sociales o algún exponente nacional de sotana ortodoxa. Si recurren a esas peculiaridades, profundizarán los enfrentamientos y habrá mucha mayor polarización de las posturas.

La presencia laica condiciona a los sacerdotes. Por eso las decisiones poseen más contundencia, salvo, que lo decida el papa Francisco y se acabó el debate y la democratización del pensamiento eclesiástico.

La inoperancia de Alberto Hensel y asociados:
Por eso, la triste y precaria visión de la Secretaria de Minería de la Nación, y de quien la pilotea por ahora, Alberto Hensel, en torno de la participación de la iglesia en lo que él llama Plan Nacional de Minería, no sólo es banal, es irrepresentativa e infantil, no sirve absolutamente para nada. Hablar con un cura no es contar con el apoyo de la estructura clerical.

Es un simple sello que sirve para vender humo.

Vale aclarar que un miembro con cuellito clerical, que participó de las reuniones gubernamentales, no expresa, bajo ningún concepto, la razón de la presencia de la fe en forma institucional. Por lo tanto borren de los documentos que dice que estuvo presente un representante de la iglesia ya que es falso. Sólo es un sello enunciativo, como tantos otros, que reunió uno de los funcionarios “que no funciona” para demostrar que hizo algo en dieciocho meses de (in) gestión.

En el conflicto de Chubut, como representante del gobierno nacional, Hensel, jamás intentó hablar con los obispos territoriales. Pensó que desde los medios adheridos a alguna pauta que aceptaban reproducir sus dichos, iba a cautivar a la sociedad chubutense. Pero no sólo no lo logró, sino que también contribuyó a agrandar más la grieta. Tampoco acertó cuando pensó que poner al ministro de Minería de Chubut, confeso antiminero, Martín Cerda como presidente del Consejo Federal de Minería y acompañado por el coautor de la ley antiminera de Córdoba, Aldo Bonalumi, iba a sumar estímulos para mover la balanza. Tampoco lo logró.

Lamentablemente Hensel, por impericia o incomprensión, algo que caracteriza su tibia y opaca gestión, nunca acertó en encontrarse con los puentes de diálogo que siempre, desde la cruz de Jesús de Nazaret, se dedica a construir la Iglesia para acercar a las partes.

Hoy, casi al desnudo, en la escena que se experimenta en la Patagonia, su ausencia física contribuyó a la instalación del abismo y desde el mismo gobierno nacional lo señalan con el dedo por la conflictiva exposición que sufrió el presidente Alberto Fernández en Chubut.

Sin lugar a dudas, su entelequia interpretativa lo puso casi al borde del precipicio que emula, casi, un inminente segundo fracaso como el ya experimentado en Mendoza en diciembre de 2019. El funcionario “que no funciona”, deberá repensar nuevos métodos y tácticas, las desplegadas hasta ahora, son más parecidas a un principiante del TEG.

El consejo: dejen de contratar sanjuaninos y realmente, pónganse a trabajar, que para eso les pagan.

En contraataque de la Iglesia Católica:
Ahora, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen (CEPA), desde la voz oficial de la curia nacional, expresaron su acompañamiento a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut en su lucha contra la megaminería y respaldó el trabajo de sus equipos en el sur del país.

Endepa y CEPA manifestaron este apoyo tras recibir “informaciones creíbles en torno a actitudes intolerantes de parte de algunos sectores de la conducción de esa provincia, por la oposición a la autorización de la actividad minera a gran escala en el país”.

Tras lamentar que la situación “salga del plano de los argumentos e ingrese en el de los ataques personales o institucionales”, sostuvieron que también acompañan “el reclamo de que sus voces sean escuchadas con respeto y adecuado espacio en los medios de comunicación”.

“Una vez más exhortamos a todas las personas que estén interviniendo en esta discusión, que lo hagan en forma pacífica, racional y con respeto a todas las partes intervinientes”.

Texto del comunicado oficial:
A las Autoridades Públicas y empresariales de la Provincia del Chubut
Como responsables de Endepa (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen) y de la CEPA (Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen), respectivamente, y habiendo recibido informaciones creíbles en torno a actitudes intolerantes de parte de algunos sectores de la conducción de esa Provincia, por la oposición a la autorización de la actividad minera a gran escala en nuestro país, expresamos nuestro parecer y nuestro apoyo a las Comunidades Indígenas y a Endepa local.

Ante las políticas extractivistas, está a la vista que se están generando, desde hace casi dos décadas, importantes resistencias y movilizaciones de parte de nuestra sociedad. Como Iglesia hemos alertado sobre los problemas ambientales, la necesidad de defender el agua y de respetar la vida de las Comunidades Indígenas y rurales cuyos destinos serían afectados por este tipo de proyectos.

Endepa acompaña desde hace más de cuatro décadas a muchas de esas comunidades indígenas, y en la meseta centro norte del Chubut a una buena parte de las comunidades mapuche-tehuelche. Es un trabajo intenso, cotidiano, no exento de errores y omisiones, pero siempre comprometido con las necesidades de las personas y comunidades que habitan ese extenso territorio.

En las últimas semanas, con motivo de la presentación de una acción judicial por parte de cuatro comunidades mapuche-tehuelche contra el proyecto de zonificación en análisis en la Legislatura del Chubut, distintas voces oficiales han cuestionado públicamente el accionar de Endepa o de algunos de sus miembros y al mismo tiempo han puesto en duda la legitimidad de las autoridades de esas comunidades, respaldando a otros miembros de los pueblos afectados que se han manifestado en favor del proyecto oficial.

Más allá de que no es Endepa la que presentó la acción judicial, sino cuatro comunidades a través de su representante legal, nos preocupa que una discusión tan importante para los Pueblos Indígenas y para toda la comunidad del Chubut, salga del plano de los argumentos e ingrese en el de los ataques personales o institucionales, pero sobre todo que se ponga en duda la legitimidad de las decisiones tomadas por algunas comunidades.

Acompañamos también el reclamo de que sus voces sean escuchadas con respeto y adecuado espacio en los medios de comunicación.

Pedimos a todas las personas, y especialmente a quienes ejercen funciones públicas, que cesen en esta forma de actuar, que atenta incluso contra el propio respeto que merecen las personas que han sido reconocidas con el voto popular, porque del mismo modo que se cuestiona a las autoridades de las comunidades y sus decisiones, se debilita la autoridad pública.

Una vez más exhortamos a todas las personas que estén interviniendo en esta discusión, que lo hagan en forma pacífica, racional y con respeto a todas las partes intervinientes.