ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Por Favio Casarín
“Un cobarde es alguien que en una emergencia peligrosa, piensa con las piernas” - Ambrose Bierce.
En un artículo publicado en este mismo medio, en los primeros días del corriente año, señalé al año 2020 como muy duro para el sector –pandemia mediante- pero que el mismo cerraba con expectativas para el próximo –el actual 2021- por una serie de acontecimientos que sustentaban la afirmación, entre ellos:
-El trabajo y política minera de la provincia de Santa Cruz, digno de imitar..
-La instalación del debate minero en la provincia de Chubut, más allá de que el proyecto de zonificación reconoce una ley previa tachada de inconstitucional.
-El esfuerzo de algunos individuos y empresas en establecer una comunicación más horizontal y llana.
-Los seminarios organizados por la Comisión de Minería del Partido Justicialista, por las temáticas abordadas, la apertura a todo público, la gran asistencia de interesados, y pluralidad de expositores.
-La presentación del proyecto de constitución de una empresa minera nacional público-privada, denominada “Compañía Argentina de Minerales S.A.”.
-La iniciativa de promover un mercado de capitales de minería local.
Transcurrido el primer cuatrimestre de este año, es justo decir que esas expectativas no solo no se han cumplido, sino que la minería ha retrocedido varios casilleros. Y en vísperas de un nuevo aniversario del Día de la Minería, existe muy poco para festejar. Seguramente habrá discursos de ocasión, repetitivos y estériles, con frases gastadas e inconvincentes como “somos la madre de industrias”; “podemos contribuir a la economía del país”; “vendrán miles de millones de inversiones”; “daremos empleo genuino”.
Fuera del mundo imaginario, superfluo e inverosímil que se escuchará, será oportuno llamarnos a la reflexión sobre algunos aspectos que hace poco tiempo fueron titulados como éxitos, y hoy han ingresado al arcón de los fracasos, entre ellos:
El proyecto 128/20 de zonificación minera en Chubut. Una iniciativa que se presentó como la gran esperanza de la provincia, pese a que tiene un sustento inconstitucional como la Ley provincial XVII-N° 68 (ex Ley 5001), que prohíbe la minería metalífera, además de herir de muerte otras zonas perfectamente habilitadas por el Código de Minería de la Nación (léase Cordillera y otros proyectos fuera de la meseta). Circunscripto el proyecto con la única finalidad de habilitar el yacimiento Navidad en la meseta, la propia torpeza del Poder Ejecutivo Provincial y la ausencia de una comunicación eficiente de los interesados, derrumbaron la iniciativa, que hoy duerme sin ningún atisbo de despertarse.
Otro de los proyectos de ley, y peligroso, más allá de sostenerse en inconstitucionalidades como el de zonificación minera, es el denominado de Iniciativa Popular para prohibir la minería en Chubut en todas su formas y fases. El proyecto fue presentado por la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH), invocando la facultad prevista en el artículo 263 de la Constitución de Chubut al consignarse la firma del 6 % del padrón electoral.
Según la ley, la Iniciativa Popular tiene un tiempo perentorio para ser abordada, que es de 6 meses, por lo cual los legisladores tienen plazo hasta el 23 de mayo 2021.
Cualquiera pensará que resulta insólita la pretensión de esta iniciativa popular, pero lo cierto y real es que no resultaría extraño que se apruebe, dado los antecedentes en esta provincia. El sector minero nacional, público y privado una vez más se ha ausentado del debate –con excepción de la Cámara de Proveedores Mineros de Chubut y algunas voces aisladas-, escudándose en una de las frases clásicas del sector minero contemporáneo: “que cada provincia se las arregle como pueda”.
Los sucesos ocurridos recientemente en Andalgalá, fueron el resultado de algo anunciado y previsible, mientras los que tenían que ocuparse miraban para otro lado. A tal extremo se llegó en esa región que hasta el Consejo Deliberante dictó una Ordenanza Municipal prohibiendo la minería en la cuenca del río Andalgalá. Por suerte la Corte de Catamarca resolvió por sobre la incapacidad de la minería para sostener argumentos y la declaró inconstitucional.
Pese a ello, activistas antimineros cortaron rutas impidiendo el acceso al proyecto MARA, incluyendo hasta el incendio de la sede de la empresa. Tras la detención de los delincuentes, a los pocos días fueron liberados, gracias a las gestiones del Gobernador de Catamarca, donde inclusive pudimos verlo acosado por un grupo de activistas y sin respuestas convincentes prometiendo gestiones para liberar a los detenidos. Penoso.
Nada es casualidad, sino producto del desdén con el cual la minería, llámese desde el sector público tanto como privado, han tomado los asuntos en los últimos 10 años. La diputada Lucía Corpacci hace pocos días lo expresó claramente en un reportaje en el periódico El Esquiú: “Tenemos un país donde no hay una política clara sobre qué minería queremos”.
La ausencia y el desentendimiento del Estado Nacional, quereducida la minería, a una oficina administrativa, ha empoderado aún en contra de la misma Constitución Nacional y del Código de Minería a provincias que operan al libre albedrío minero, según el gusto y paladar del gobernante de turno y al ritmo de lo que los activistas locales permitan.
Así la minería entró en el menudeo y ya se conforma solo con colar algún proyecto donde se pueda. El unitarismo fragmentado, goza de buena salud. Modelo bajo el cual opera la industria minera en el país, donde existen en un territorio que sí es federal, varios reinos, o feudos, o sultanatos, o principados autónomos con independencia del resto de las provincias y desconociendo a un Estado Nacional.
Para este mes de mayo se anuncia la presentación del denominado Plan Estratégico Minero Nacional (PEDMA), una iniciativa de la Secretaría de Minería de la Nación que cuenta con la asistencia técnica y financiera del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El intento es loable y ambicioso (para los próximos 30 años), sin embargo adolece de algunas falencias, que aún pueden corregirse.
Han sido convocados más de cien referentes –con algunas ausencias injustificables- de distintos sectores divididos en comisiones y que han mostrado gran compromiso y asistencia. Pero, juntar personas aún por cientos, no significa respetar la participación. En el caso de la Comisión de Minería e Institucionalidad que integro, en todas las sesiones e inclusive en el último plenario desarrollado con fecha 30 de abril de 2021, hemos señalado conjuntamente con otro destacado jurista –el Dr. Raúl Rodríguez- la premisa que no debe obviarse en el documento y que consiste en lo normado por la Constitución Nacional en el Art. 75 inc. 12. que indica corresponde al Congreso de la Nación dictar los Códigos, entre ellos el de Minería. Y el Art. 126 que establece que las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación y no pueden –entre otras disposiciones- dictar los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería.
Grande fue la sorpresa cuando en dicha sesión plenaria, y a posteriori de las intervenciones del Dr. Rodríguez y de quien suscribe, pidió la palabra la Dra. Sylvia Gimbernat –Subsecretaria de Política Minera-, quien justificó la constitucionalidad de las leyes que prohíben la minería en las provincias, utilizando como argumento el Art. 41 de la Constitución. Esta norma tutela sobre que los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Según la Dra. Gimbernat, esta norma les da derecho a las provincias a avanzar sobre cuestiones de fondo referidas a la minería que tienen vedadas por la propia Constitución. Precisamente el Art. 41 no habla de prohibir sino de desarrollar las actividades productivas de manera sustentable. Grave que esta sea la política minera que se pregona desde la Nación, y más aún si se plasma en el documento del PEDMA obviando las competencias que sobre la industria minera tienen la Nación y las Provincias.
En la situación actual, el esfuerzo del PEDMA, si no se corrige, terminará siendo solo un manual de buenas intenciones en algunos temas y confuso e imparcial en otras. Los redactores están a tiempo aún de consultar por si existen dudas.
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería, en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea del Año XIII. Auténticos y valientes hombres de Estado, de los cuales hemos tomado mucha distancia. Es hora de reflexionar, deconstruir y proponer. El momento no tiene lugar para los temerosos.
(*) Geólogo y Abogado
