ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Por Favio Casarin (*)
“Algunas veces, la repetición a modo de farsa puede ser más terrorífica que la tragedia original”, Herbert Marcuse.
Desde hace unos meses asistimos a un espectáculo grotesco instalado en la provincia patagónica, definido recientemente como “sainete”, por un distinguido periodista minero. Podemos concentrarnos solo en los considerandos del proyecto de ley 128/20 de zonificación minera enviado a la legislatura por el Poder Ejecutivo de la provincia. Pero resultaría una mirada corta, sin contemplar que este proyecto es producto de desaciertos que ya llevan varios lustros, exceden a la provincia, y que han desembocado en una lamentable realidad actual que refleja la situación de toda la minería argentina, y que tendrá en caso de continuar consecuencias nefastas. No es un tema de Chubut, es un tema de la Argentina toda.
Los desaciertos comenzaron a partir del año 2003 con la sanción de la ley 5001, que en su Art. 1° prohibió la actividad minera metalífera en la modalidad de cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción de minera. Norma tachada de una inconstitucionalidad flagrante, ya que una provincia no puede prohibir lo que el Código de Minería de la Nación no prohíbe, por la facultad delegada por las provincias al Congreso de la Nación (Arts. 75, inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional).
Pero no todo el desatino terminó allí, ya que el Art. 2° de la ley 5001 establece que se determinará en el plazo de CIENTO VEINTE días corridos, a partir de la sanción de la ley una zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros,con áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley. Hasta aquí violación serial de la Constitución Nacional y del Código de Minería de la Nación. Vale la aclaración, de que los 120 días el próximo 8 de mayo se convertirán en 18 años.
Así llegamos al 2021, con el espectáculo dantesco al que estamos asistiendo desde hace unos meses, que tiene a lo largo de estos casi 18 años, responsables claramente identificados: los tres poderes de la provincia (ejecutivo, legislativo y judicial), la Compañía Minera dueña del proyecto Navidad y el propio sector minero.
El Poder Ejecutivo
Desde la sanción de la ley 5001 pasaron 6 administraciones por Chubut: Lizurume (2003), Das Neves (2003/2007), Das Neves (2007/2011), Buzzi (2011/2015), Das Neves / Arcioni (2015/2019) y Arcioni (2019 al presente). Todas fueron, o artífices en prohibir la minería, o en tolerar el status de la ley 5001, inclusive algunos de los gobernadores con claras posturas antimineras. Hasta que llegamos a fines del 2020, cuando en el medio de la una lacerante crisis social y financiera de la provincia, el gobernador actual sacó un conejo de la galera a los fines de conseguir algo de oxígeno.
Un conejo que es rengo y ciego, pues el nuevo proyecto denominado 128/2020 ratifica la ley 5001 y cumpliendo la obligación de la zonificación, armó un proyecto a medida solo para habilitar la minería en la región de la meseta (léase proyecto Navidad), e increíblemente sepulta toda minería que no pertenece a esta región, entre ella importantes reservas de metales en la Cordillera y de yacimientos uraníferos en un país que importa todo el uranio que necesita para abastecer sus centrales nucleares.
No supo o no pudo el gobernador y ninguno de sus colaboradores defender el proyecto. Nunca sonó convincente ni persuasivo. La mejor defensa ocurrió desde el Gobierno Nacional, donde se involucraron el Secretario de Minería y hasta el propio Presidente de la Nación.
El Poder Judicial
Fue el que dio tutela a la ley antiminera desde el año 2003, cumpliendo con rigurosidad el precepto oportunista de que la justicia es lenta en algunos casos y rápida en otros. Ejemplo del segundo caso fue el inaudito fallo de una Jueza de Esquel que ante la presentación de una medida autosatisfactiva por un grupo de personas opositoras al proyecto, el día previo (04/02/2021) al que estaba programado el tratamiento del proyecto en la legislatura dictó una medida cautelar prohibiendo a la legislatura sesionar. Sí, le prohibió a otro poder del Estado provincial ejercer sus funciones. Solo unos pocos levantamos la voz ante semejante atropello inaudito y antijurídico, pero fue suficiente para que la misma jueza, solo cinco después revocara su propio fallo. Bochornoso.
El Poder Legislativo
Por cierto que los diferentes cuerpos legislativos en estos 18 años, al menos en materia minera solo fueron apéndices del gobernador de turno. A ninguno se le ocurrió que la provincia debía respetar las instituciones republicanas, desarrollarse, generar empleo y bienestar para la gente. Tampoco se molestaron en interiorizarse sobre temas mineros, ya que al mismo tiempo crecía la movida antiminera y no sea cosa de ser tildados de pro mineros y perder votos.
La escasa altura de la legislatura actual quedó al descubierto en estos meses desde que se lanzó el proyecto 128/20: imputaciones cruzadas entre ellos de recibir favores de la Compañía titular del proyecto Navidad; cambios de posturas por razones políticas y no técnicas (de antiminero a prominero y viceversa); denuncias de lesiones contra personas y de ataques a propiedades. Y para acrecentar más aún las vulnerabilidades del proyecto, en los últimos días al estilo supermercado que remarca precios, aumentaron los porcentajes de regalías y cánones, y hasta crearon bonoscompensatorios. Todo soslayando las prohibiciones en ese sentido señaladas por el Código de Minería y por la Ley 24.176 de Inversiones Mineras.
La Compañía Minera del Proyecto Navidad
Como pocas veces una compañía privada extranjera está involucrada en una cuestión política sobre minería. Casi que toda la discusión sobre el proyecto de zonificación minera es un adorno, y todos apuntan a que se trata de una ley para habilitar Navidad, unos de los yacimientos de plata más grandes del mundo.
Pan American Silver (PAS) adquirió la propiedad minera en al año 2010 a Aquiline Resources, en plena vigencia de la Ley 5001 que prohibía el desarrollo del proyecto. Tuvo 10 años la Cía. para desarrollar una estrategia a los fines de revertir la situación. No solo esto no sucedió, sino que la situación hoy para la minería en Chubut es mucho peor, y PAS quedó hundida en el desprestigio. Si tuvo la Cía. una estrategia, o si improvisó, o si desmereció el escenario, nadie lo sabe, o tal vez sea una mezcla de todo. Lo cierto y real, es que PAS se equivocó prácticamente en todo. A la vieja usanza que aún algunos sectores mineros entienden, quiso ir por arriba –por aquello de que la política y los contactos en Argentina consiguen todo-, en lugar de ir por abajo, comunicando, penetrando y entendiéndose con la gente. El resultado fue que los de arriba no consiguieron nada, y los de abajo ahora perdieron la confianza en la Cía.
En el escenario de debate del proyecto, el managment debió dar la cara, y no delegar el asunto en empleados de tercer y cuarto orden. Prudencia, diálogo y compromiso era lo que hacía falta, y que la gente conozca a los responsables del proyecto. Así las cosas, en el fuego cruzado entre antimineros y promineros, entre legisladores anti y pro, siempre fue mencionada en los discursos involucrándola en sospechas de todo tipo. Diez años es mucho tiempo, y si son diez años de fracaso, el cambio debe ser inminente por el bien de la minería, de la provincia, y de la propia Cía. por cierto.
El sector minero
Tal como sucedió hace poco más de un año, en una iniciativa similar –también abortada-, en la Provincia de Mendoza, el sector minero lució desunido, inconexo, débil, anquilosado, no comprometido. Solo iniciativas individuales en la provincia estuvieron al pie del cañón. Fuera de allí, la estrategia –salvo algunas voces- como siempre fue la no comprometerse y mirar para otro lado, jugando al gato y al ratón, sin entender lo mucho que está en juego. Nostálgico de los años 90, el sector no logra comprender que los tiempos han cambiado, y que hoy hay que dar el debate, y si es posible cara a cara, anticipándose a los hechos. Lo que se ha visto son respuestas a comunicados de entes y organismos que sin ningún tipo de sustento técnico ni científico critican la minería. Las respuestas han sido del mismo tono: repetitivas, vagas, ambiguas, y de compromiso porque algo hay que decir. En el medio ha quedado la gran mayoría de la sociedad –que no es ni prominera ni antiminera-, que cada vez entiende menos.
Pese a contar con el apoyo explícito del Presidente de la Nación y otros estamentos de la administración pública, de allí para abajo el sector no ha sabido articular una acción efectiva. Seguimos en el encierro, en las frases de plástico, en el imaginario de los miles de millones que van venir, y cuando existen dificultades que cada provincia se las arregle como puede. Cuando suceden estos acontecimientos, quedan al desnudo todo los que falta: comunicación, compromiso, sentido de pertenencia, y lo más grave: solidaridad.
Colofón
La minería –y por inercia el país- está sufriendo las consecuencias de confundir algo que es muy claro: el derecho de dominio de las provincias sobre los recursos minerales, no significa autonomía en el desarrollo minero. La política minera le corresponde a la nación, y a las provincias –así sean las dueñas de los recursos- les está reservado el procedimiento y el poder de policía. Así está establecido en la Constitución Nacional y en el Código de Minería de la Nación. Donde y como se hace minería, es atribución de la Nación. Después se encadenan los permisos que es potestad de las provincias y la licencia social. La zonificación minera tan mentada ya está establecida en el Código de Minería. ¿Tan difícil es entender esto, y explicarlo?.
Esta tergiversación jurídica, tolerada por las distintas administraciones y aceptada como cierta por la ignorancia de gran parte del establishment minero, ha provocado que las provincias se conviertan en verdaderos sultanatos independientes, donde cada una actúa como quiere, y lo peor, según el deseo y timimg político del funcionario de turno que ejerza la gobernación. Así tenemos provincias que promueven la minería y otras que la prohíben. Un verdadero cambalache, tal es así que en la Encuesta Fraser, somos el único país en el que se trata a cada provincia como un distrito individual.
Esto no puede seguir así, porque ya estamos en zona de riesgo y de continuar por este camino, pronto nos quedaremos sin minería metalífera, inclusive en las provincias que aún la permiten. Es urgente que la Nación retome lo que nunca debió perder: una verdadera y auténtica política de estado minera uniforme para todo el todo el país.
(*) Geólogo y Abogado
