ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
En diversas oportunidades me han preguntado cómo accedí al sector de la minería metalífera y si siempre estuve o no
interesado en los temas vinculados al derecho minero. Lo cierto y lo concreto fue que, curiosamente, en la época en que estudiaba en la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, la materia Derecho Agrario y Minero era una de las últimas de la carrera pero de las más difíciles de
aprobar. Recuerdo haber dado un buen examen. Lo cierto es que concluida mi carrera y recibido de abogado, lejos estaba de imaginar que en algún momento estaría cercano a la actividad minera en la Argentina.
Sin embargo, ocurrió que durante largos años, además de
mi estudio jurídico, tuve la suerte de pertenecer a ADELA, que era la sigla de una entidad llamada Asociación de a Comunidad Atlántica para el Desarrollo de América Latina.
Esta organización, fundada a instancias del Senador de EEUU Jacob Javits era una suerte de “Alianza para el Progreso”, pero en la faz privada. Estaba integrada por más de100 de las más importantes empresas privadas del mundo, de las cuales cada integrante poseía nada más que una acción. Una de sus sedes estaba en Zürich y otra en Lima.
Su objetivo, como su nombre lo indicaba, era favorecer el desarrollo de la empresa privada en Latinoamérica sin que pudiera ser acusada de “propósitos imperialistas”.
Ello se concretaba a partir de:
1) la participación, como accionista minoritario,de nuevos
proyectos privados de desarrollo;
2) otorgamiento de préstamos a mediano y largo plazo;
3) asesoramiento técnico en los proyectos.
Sería muy largo referir la trascendencia de esta institución que tenía su objetivo fijado desde su nacimiento a su terminación ya que, por estatuto, debía liquidarse transcurridos los 25 años de su creación. Fue así que, más allá de mi labor en la Argentina participé de varios directorios, no sólo en el país sino en otros países sudamericanos donde ADELA tenía actividad. Concluido el período de 25 años la entidad entró en liquidación Tiempo después, aproximadamente en marzo de 1988 y encontrándome como parte de un grupo de la FundaciónUniversitaria del Río de la Plata, en la Universidad de Leyden (Holanda) recibí un llamado telefónico de La Paz, Bolivia. Para mi sorpresa, quien me llamaba era Gonzalo Sánchez de Losada, a la sazón controlante entonces de la más importante empresa privada minera de dicho país, COMSUR, y a quien había conocido durante mi trabajo en ADELA. Me comentó que estaban adquiriendo las acciones de una empresa minera argentina, productora de metales (zinc, plomo y plata) llamada Compañía Minera Aguilar. Lo felicité por ello y a renglón seguido me señaló que quería ofrecerme la presidencia de dicha institución.
Obviamente la satisfacción fue grande pero prudentemente le señalé que lo agradecía, que lo iba a pensar y que a mi regreso a Buenos Aires le daría una respuesta. Mucho se habla de las casualidades frente a las causalidades y lo cierto es que, paradójicamente, resultaba que la sede de Minera Aguilar en Buenos Aires estaba precisamente en el mismo edificio donde se encuentra, hasta hoy, el estudio jurídico que integro.
Tal fue el origen de mi ingreso al sector minero y la cantidad de anécdotas y recuerdos que sobre el particular podría referir es inmensa. Entre ellas señalo mi primera impresión al ver lo que era Compañía Minera Aguilar en el marco de la puna jujeña. Ello excedía mi imaginación: se había estructurado alrededor de la mina una pequeña ciudad que incluía un hospital privado, escuelas, gimnasios y una población estable. A ese momento en la puna, no existía otra actividad económica sustentable. Vale la pena añadir que era a su vez la única empresa minera metalífera en producción en el país. Curiosamente, a pesar de ello, existían a ese momento tres cámaras empresarias dedicadas al sector minero que, con el curso de no mucho tiempo, fueron unificándose en el marco de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, lo cual es otra historia.
Tiempo después y con la conducción de la CAEM por parte del Ing. Jorge Fillol entré en la entidad cuya presidencia ejercí en varias oportunidades. Las anécdotas y experiencias durante ese período fueron múltiples e imposibles de enumerar, me referiré sólo a algunas de ellas. Por ejemplo, cuando un dirigente médico de Esquel señalaba que la actividad minera en la Provincia de Chubut debía seguir prohibida pues ocasionaba daños en la gestación de los niños en el seno materno. Pedí entonces un encuentro con la Sociedad Argentina de Pediatría para recabar información sobre el rigor científico de tal apreciación. En dicho encuentro me acompañó el Jefe del equipo que, a pedido del gobierno de Catamarca había efectuado un estudio respecto a un eventual incremento de enfermos de cáncer en zonas aledañas a áreas con actividad minera y que, con inexcusable liviandad, había falsamente denunciado un político porteño.
Allí quedó demostrada la total falta de fundamentos de la
denuncia a partir de un informe de la FUNSEI que lidera el
conocido infectólogo Dr. Daniel Stambulian. En la misma
tónica, recuerdo otro episodio tan criticable como el anterior
como la inserción en libros de texto para niños de 7º grado
de la escuela primaria, hablando de la demonización de la
minería. Recuerdo mi indignación y allí iniciamos una acción
en el Ministerio de Educación y charlas en diversas escuelas.
Haciendo abstracción de muchos recuerdos y personas hasta
la transferencia de Minera Aguilar al grupo Glencore, debo
destacar el trabajo, paciencia y buena voluntad de quienes
propiciaron el lanzamiento de ese ícono que fue la Ley de
Inversiones Mineras. Ello implicó un antes y un después y fue a partir de 1993 el más moderno instrumento para el desarrollo de la actividad y ejemplo en algunos otros países hermanos. Los enemigos de la minería han seguido socavando la misma sin reconocimiento a la ulterior sanción de la Ley Ambiental Minera y de los progresos llevados a cabo sobre el particular. No voy a entrar una vez más en la
remanida y ociosa polémica “minería sí-minería no” y en la
armonización de su desarrollo y el respeto a las poblaciones
aledañas.
Más allá de nuestra preocupación en los temas educativos,
con el apoyo de todo el sector debemos seguir con entusiasmo y continuidad la tarea de difundir en la comunidad una visión ajustada de la realidad. Seguiremos en este quehacer sostenidamente y daremos todos los debates que haya que dar. Las soluciones mágicas no existen.
La biodiversidad y el desarrollo sustentable son compatibles con la actividad económica y el resguardo del medio ambiente.
Hay cuatro grupos que deben alcanzar un armónico consenso para el bien de la sociedad toda: el gobierno
federal, los gobiernos provinciales, los trabajadores y los empresarios. El desfasaje de cualquiera de ellos, conspira contra el deseable éxito. Debemos hablar menos y dialogar más. Sólo a través del consenso los pueblos y las instituciones se fortalecen. Diálogo, consenso y construcción son los pilares de las sanas relaciones humanas.
(*) Abogado. Ex presidente de la CAEM
