ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
El investigador y director del Observatorio de Pymes de la Universidad de la Patagonia Austral, Mario Palma Godoy, ofreció su análisis de la Licencia Social dentro de la industria minera que convocó el interés dentro y fuera del sector en el marco de los seminarios que organiza el Partido Justicialista.
Mario Palma Godoy, Mgs. en Antropología Social en el PJ:
“Desde la década de los 90 venimos hablando que, la minería, debe servir para cambiar la calidad de vida de la gente, en términos de entender el desarrollo como algo básico”, asegurando que también desde entonces, el tema de la aceptación de la sociedad a esta industria presenta “distintas formas de narrarla” dependiendo del lugar en que se encuentre quien lo hace.
Palma Godoy compartió su visión sobre lo que entiende por Licencias Social, para decir de manera explícita que “hablamos de poseer una herramienta conceptual del sistema capitalista. En ese sentido mi percepción política es que en la Argentina actual estamos en un escenario donde coexiste una vieja y una nueva minería. Esta última, está asociada a nuevas tecnologías y estándares ambientales, con nuevas herramientas que ya no son tan nuevas como la licencia social, la responsabilidad social y los sistemas regulatorios con distintas significaciones ambientales”.
Expresó que su enfoque puede resultar “para algunos un poco corrosivo, pero la idea es cualificar el debate para no creernos que todo es perfecto en un mundo de una minería ideal”. Palma Godoy participó como Consultor Social en el Macizo del Deseado interactuando con distintos proyectos de exploración avanzada que hoy son proyectos de explotación y que están en distintos ciclos de producción o etapa de cierre.
“Siempre estamos hablando de permisos sociales ante los diversos grupos culturales de las comunidades y los entornos. Se trata de intervenciones realizadas mediante herramientas de tecnológicas blandas”, esto quiere decir que conviven “metodologías y técnicas de las ciencias sociales con sistemas conceptuales sobre planeamientos de los grupos empresarios, y no siempre estos trabajan con el mismo concepto de planeamiento en las relaciones que establecen con las comunidades”.
El permiso, la aprobación de la sociedad “siempre es una cuestión transitoria”, señalando que la dinámica de las relaciones entre Estados, Sociedades y Empresas, indica que “la Licencia Social debe mantenerse vigente ya que se trata de un contrato social y cultural que establece el grupo corporativo con la comunidad como condición para su sobrevivencia”. Palma Godoy, advirtió que “Cuando el contrato social es transparente y con participación ciudadana, no con asistencia manipulada, el permiso perdurará y será sostenible tanto en la etapa de explotación como del desarrollo del territorio y obviamente en el cierre de operaciones”.
Otra herramienta que aparece vinculada al tema de licencias son los estudios de impacto ambiental, donde las líneas de base social en los monitoreos sociales son claves, al respecto comento que “existen trampas y simplificaciones que rompen contratos sociales”. Agregando que ha analizado “una serie de estudios donde los capítulos sociales de la línea de base social son hechos por geólogos” reflexionando al respecto que “difícilmente un antropólogo podría construir la base social de la geografía de la hidrología”, llamando la atención a la poca importancia que algunas empresas le ponen a este aspecto.
Llamó también la atención respecto a los monitoreos sociales anuales donde en algunas compañías terminan siendo “una hoja para cumplir con el Estado y que pocos prestan atención”. El antropólogo manifestó además que “conozco muy pocas compañías donde los controles sociales son serios y rigurosos; situación que se corresponde con el déficit de estructura técnica del Estado con capacidad profesional para poder analizar y comprender capítulos sociales del EIA y Monitoreos”, Asegurando que “esto es un gran déficit en los gobiernos”. Otro aspecto que agranda la brecha de relacionamiento a partir de las licencias sociales, se focaliza en su experiencia en “los procesos de información y consulta y/o Convenio 169 de la OIT”. Al respecto fue contundente al poner en evidencia que “existe una cultura de los estudios de impactos que logran hablar de licencia social durante la exploración avanzada, luego se venden las compañías y se opera con el EIA aprobado por la empresa que se ha retirado. Aquí la licencia social se compra a la empresa que se ha ido, no a la comunidad a la que ingresa el nuevo comprador que desconoce la dinámica cultural”.
Palma Godoy, consideró que una herramienta que es fundamental en los procesos de licencia “son los equipos de las relaciones institucionales comunitarias y de comunicación”. Para el especialista “en algunos casos aparecen los grandes hombres de la minería que son actores de las corporaciones que construyen poder propio y distribuyen beneficios sin ningún tipo de concepto de planeamiento vinculado un proyección estratégico local”. Entiende que esa acción “que construye poder personal no representa necesariamente a la empresa y difícilmente cimentará un valor social dentro de las comunidades”.
Destacó que una de las fortalezas de la construcción de lazos importantes entre partes es “el proceso que demanda la constitución de los proveedores pymes”. Puso como ejemplo lo hecho en Santa Cruz, como CAPROMISA (Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz) y eso fue un logro trascedente “que articula varias empresas del territorio provincial para que efectivamente hubiese proveedores pymes con estándares” de nivel nacional. “Esta es una experiencia que continúa con éxito aun cuando la concentración del poder económico no se distribuye necesariamente en las comunidades donde están los proyectos mineros, sino que se ha concentrado en la capital de Río Gallegos” explicó a los participantes.
Una herramienta clave con la que le ha tocado interactuar con las sociedades “es conocer los cierres de mina”. Al respecto señaló que este tema para algunos integrantes de la actividad “es algo menor, aunque como ustedes saben la ley ambiental de minería prevé que desde el primer día se trabaje en el proceso del cierre de mina”. Aseveró que “son muy pocas las compañías que efectivamente van contabilizando en sus equipos de gerencia estas cuestiones”. Pero que ese proceso “es una muy buena oportunidad para desarrollar lo que se llama la contabilidad social en el territorio, es decir, cuánto ha dejado en una década o dos el proyecto” cuantificando de esa forma los resultados de la vida útil de una mina.
Compartió su visión de cómo, la situación de la pandemia ofrece una excelente oportunidad para la renovación de los procesos de licencia social. Explicó específicamente lo que sucede actualmente con el programa de vigilancia epidemiológica impulsado por Mina Pirquitas en la provincia de Jujuy. “Allí están desarrollando con toda la población del territorio de la Quebrada de Humahuaca, pero fundamentalmente con las comunidades de la Puna, una experiencia inédita en la que se ha puesto en primer lugar el valor de la salud como una muestra de compromiso con la comunidad” considerando que esta acción de la empresa SSR Puna es “un ejercicio cívico de renovación de licencia social”.
“Pareciera ser que todos estamos de acuerdo con qué significa el concepto de licencia social, pero en el plano práctico estamos muy distantes de que efectivamente existan sustentabilidad en los territorios”. Aquí llamó la atención en las culturas organizacionales empresarias, indicando que “existe un sentido de los planeamientos industriales donde los tiempos de las empresas son distintos los tiempos culturales y entran en coalición con los desarrollo de las comunidades y ahí hay una tensión entre los equipos gerenciales y el desarrollo real desde la perspectiva de las comunidades”.
En este punto, le llama la atención y observa que “muchas experiencias donde existe una mala asignación de recursos económicos en lo humano, es decir, a veces se gasta toneladas de dinero de la minería en superficialidades y muy poco en formar capital social hacia dentro de los territorios”. También advirtió que en la industria minera “sigue habiendo un gran vacío ideológico de las ciencias sociales” lo que provocó que aquellos que lo abordan han “sido objeto de estigmatización por trabajar en el mundo de la minería desde la antropología o de la sociología y me parece que es necesario reclamar un mayor involucramiento” de profesionales especializados más allá de los específicos de la industria.
Por último reclamó la necesidad de poseer un “Estado promotor” de la licencia social. Demandó que los funcionarios “deberían promover una legislación desde donde la licencia social sea una herramienta medida y transparente y que fundamentalmente no se confunda con la licencia política”. Desde su perspectiva el destacado profesional reclamó que “el Estado debe ser garantía para que se cumplan objetivos consensuados y controlados”, concluyó.
