ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Por el Ingeniero Miguel Di Nanno
Sin ánimos de poseer la capacidad de predecir el futuro, hay algunos puntos que necesariamente hay que analizar a la hora de decidir una inversión en el área minera en Argentina, de cara a los mercados de capitales que nutren nuestra querida actividad.
Nuestro País, en temas específicamente mineros, se ha caracterizado por tener, salvo honrosas excepciones, al estado como “socio” de alguna u otra forma.
Ejemplos de ello los tenemos en las grandes operaciones productivas presentes a lo largo del territorio y vale mencionar el caso de las empresas provinciales mineras con propiedades mineras que luego concesionan a terceros para su desarrollo exploratorio y/o productivo, dependiendo del estado de avance de los proyectos.
Obviamente existen casos donde esta situación no es la descripta ni está tan directamente vinculada, aunque sí podemos mencionar que los estados provinciales han acordado con las las empresas algunos beneficios de carácter tributario que van un poco más allá de la normativa nacional vigente y me refiero a la Ley 24.196 en lo que a regalías se refiere.
Esto quiere significar que de cara a los inversores en general, la presencia del Estado argentino en temas mineros, es casi una constante y una característica propia que no les es desconocida. Dado nuestro federalismo, cada Provincia posee características propias en estos aspectos. Vale mencionar el caso de Santa Cruz con Fomicruz, Neuquén con la ADI y Cormine, San Juan con el Ipeem, para citar sólo algunos casos.
Dicho esto, el inversor conoce que la participación del Estado en los negocios mineros es una realidad, más allá del régimen regalista que nos caracteriza. Esta enunciación no pretende ser calificativa, pero es una condición que nos es propia.
Dadas las características propias de la actividad que nos nuclea, alto riesgo exploratorio, capital intensiva, mano de obra intensiva, largos plazos de recupero de la inversión, emplazamientos generalmente remotos, requirente de infraestructura, riesgo de los mercados de commodities, etc. es necesario poseer una visión tan clara como sea posible, de las características económicas y políticas que nos caracterizan al momento de evaluar los proyectos económica y financieramente, modificando de esta manera la tasa especulativa en la ecuación correspondiente.
Un fantasma de características expropiatorias no beneficia la evaluación de un proyecto. De ninguna manera.
El caso Vicentín, a mi entender, no pareciera ser extrapolable a nuestra actividad, por lo menos en lo que refiere a proyectos productivos puestos en marcha o en estado avanzado, por las mismas razones que implican nuestras características propias de la actividad y por esta presencia mencionada anteriormente, del Estado en los proyectos.
Claro está que el Estado argentino tiene historia de querer constituir una empresa nacional de minería y en estos momentos existen un par de proyecto para desarrollar una rama minera dentro del ámbito de YPF, o bien una empresa federal (nacional) minera con estructura de empresa público/privada. Esta noticia que no es nueva, ya que esto se intentó en el pasado sin éxito.
Una empresa nacional de minería, tal vez aportaría una imagen distinta de la actividad hoy tan denostada, de cara a la sociedad en lo vinculado a la licencia social y aprobación de los proyectos por parte de las comunidades. Culturalmente, en nuestro País, resulta más aceptable un proyecto donde el Estado tiene clara intervención en el mismo que aquél desarrollado sólo por privados. Esto sí podía extrapolarse desde la actividad petrolera donde YPF tiene un rol activo preponderante y no somos testigos de enfrentamientos comunitarios masivos en contra de sus proyectos y operaciones. Esta es una lectura importante a la hora de obtener y mantener la licencia social.
¿Ejemplos de lo anterior?, Podemos citar Veladero, Cerro Vanguardia, Río Turbio, en su momento Hipasam.
La lectura del inversor entonces podría suponer que una asociación o presencia posible – de características propias en cada Provincia – hasta podría beneficiar el proyecto en cuestión contribuyendo a la obtención y mantenimiento de la licencia social del mismo y alejando el posible fantasma intervencionista/ expropiatorio que podría generar el caso Vicentin, de concretarse.
Tal y como aparece hoy la actividad minera, comenzando por las etapas exploratorias y hasta la construcción de las minas, parece haberse aplanado o amesetado y es indudable que hacen falta ideas creativas para poner en marcha nuevamente la actividad, hoy con las características propias de la condición de marco que nos impone la pandemia, pero que sin lugar a dudas debemos ir preparando para el “Día Después”.
Cada proyecto minero en particular deberá ser evaluado de cara a las condiciones que nuestro País ofrece, y lo cierto es que debemos trabajar arduamente para recuperar posiciones en el concierto mundial vinculado a los mercados de capitales y generar en los inversores la claridad de escenario reinante, a los efectos de atraer esos capitales que se traducen en crecimiento, mano de obra ocupada y elevación de la calidad de vida.
Ing. Miguel F. Di Nanno
Consultor
