ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Da la sensación que la justicia de Neuquén quiere ponerle a una bisagra a la reiterada historia de estafas y complicidades que redundan en la mina Andacollo. Ahora no sólo habrá damnificados, como trabajadores y proveedores locales, distintos juzgados analizan denuncias penales sobre fraudes y responsabilidades de funcionarios y empleados jerárquicos. Mientras esto sucede, todavía no hay interesados para explotar el yacimiento.
El funcionario Martín Irigoyen, presidente de CORMINE (Corporación Minera de Neuquén), de repente reaccionó y recordó que la provincia de Neuquén es la dueña de los derechos mineros de lo que se conoce como mina Andacollo.
Este yacimiento minero, en la última década, ha tenido verdaderas depredaciones y negociados tras las licitaciones para adjudicar la explotación y puesta en marcha del yacimiento. En esta última oportunidad fue el caso de Trident Southern Explorations Argentina. Quienes fueron los “saqueadores” de turno y a los cuales, una vez más, Martín Irigoyen es quien debía controlarlos para que operen en las provincia y usufructúen este emprendimiento. En consecuencia, un partícipe reiterado y permanentemente abonado a la historia frustrada de esta mina ubicada en el oeste de la provincia.
En la última semana de mayo, por obra y gracia de la presión de los trabajadores mineros que hicieron sentir su protesta, el presidente de CORMINE llegó hasta la zona de conflicto para verificar el estado de las propiedades del proyecto Andacollo.
El funcionario apareció en escena territorial a “detectar” las anomalías que la compañía protagonizó con trabajadores, proveedores y una extensa lista de afectados por sus flagelos económicos, a los que se le agregan (ahora, de repente) “distintas irregularidades e incumplimientos del contrato”.
Irigoyen, en sutiles apreciaciones, quiso aplanar la responsabilidad del gobierno provincial en los sucesos de los últimos tres meses en este yacimiento. Obviamente no lo consigue ya que la provincia “es corresponsable” de lo que sucedió. Una trayectoria que se experimento con igual final en la última década, de la cual en su mayor tiempo, la presidencia de CORMINE fue ocupada por Martín Irigoyen.
Por eso no extrañó una redundancia de la metodología para patear hacia adelante la irregularidad imperante, siendo el gobierno provincial quien ya anunció que realizará en corto plazo la búsqueda de un socio privado para reactivar la mina.
Pero, a lo que no se refirió Irigoyen, es a la existencia de una denuncia penal presentada por la Defensoría Popular que apunta hacia la responsabilidad del titular de Cormine, Martín Irigoyen, como autoridad de control de lo que ocurría en el yacimiento. Jerez dijo que la tramita la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de Pablo Vignaroli.
La tardía recorrida:
En su recorrida el presidente de CORMINE recorrió las oficinas de Andacollo en compañía de un escribano, funcionarios de la Subsecretaría de Medio Ambiente y un oficial de justicia. Mientras esto sucedía, fueron los trabajadores mineros nucleados en la Asociación Obrera Minera Argentina quienes sirvieron de guías “turísticos” para informar a los funcionarios de lo que “ellos no hicieron nunca” en su carácter de ser corresponsables. Los trabajadores se admiraban de la teatralización efectuada por el funcionario para mostrarse “sorprendido” de todos los “descuidos” comprobados. Uno de los obreros le habría remarcado un par de veces “que muchas de las irregularidades les había informado verbalmente” hace varios meses atrás. Algo que nunca habría sido escuchado por los burócratas provinciales.
Irigoyen, en contacto con la prensa de Andacollo, señaló que "Los delegados de los mineros han colaborado mucho en la realización de esta medida. Es una buena impresión, yo espero ser parte de la solución de acá para adelante", sin advertirse o comprender que él siempre fue parte del problema. "Estamos retomando el control del proyecto para encontrar una solución a esta cuestión", remarcó un verdadero hipócrita.
Seguidamente desplegó la estrategia “mantenerse ajeno” al señalar a los periodistas presentes que “entiendo la situación de los trabajadores que no cobraron sus sueldos y que son empleados de Trident Southern Explorations, no de CORMINE”, intentando seguidamente sacarse la soga del cuello al expresar que “la responsabilidad es de esa empresa y no nuestra, por el contrario, estamos presenten (en Andacollo) a través de una medida judicial solicitada por nosotros", apuntó la prensa regional sobre los dichos que se le acreditan al funcionario provincial.
El gobernador Omar Gutiérrez no hable en público sobre este “desaguisado”. Pero internamente pidió a sus allegados a no desatender este tema ya que no quiere complicaciones “en tiempos muy complicados”.
Lo cierto es que fuentes confiables aseguraron a PGM que “lo que está descartada es la idea que idea la provincia la que opere el yacimiento” agregando a su razonamiento que “si CORMINE no pudo controlar ni conducir esta operación, no es factible que la opere ya que el fracaso sería un nuevo resultado final”.
La ruta de una posible nueva expoliación
El juez comercial que tramita el concurso preventivo de la minera Trident Southern Explorations le solicitó a la empresa que indique si realizaron una denuncia penal por las supuestas maniobras “dolosas” que habría realizado su anterior presidente Mischa León Aleksander, con los fondos que enviaban los inversionistas. Según declararon en sede judicial se había indicado que la cara visible del proyecto hasta 2019, habría sido el responsable de desviar fondos a empresas proveedoras de Chile relacionadas con el sospechado para la adquisición de tecnología.
Desde el juzgado comercial 23, su subrogante Federico Güerri, reclamó que la empresa manifieste si realizó denuncias penales contra Aleksander, pues “el accionar del exgerente es mencionado como una de las circunstancias que condujeron a la sociedad a la situación económica en que se encuentra actualmente”.
Cabe resaltar que Trident se presentó en concurso de acreedores a principios de mayo, en plena negociación con el gobierno provincial y los trabajadores de la mina para depositar los salarios adeudados de dos meses. La empresa declaró deudas millonarias en pesos, dólares y pesos chilenos con unos 200 proveedores, muchos de ellos pequeños comerciantes del norte de la provincia.
El fiscal general, José Gerez, indicó que en la provincia no hubo presentaciones, pero advirtió que “si algo de eso ocurrió, hay que evaluar quién es competente para investigar”. “No hay ningún documento o presentación seria que diga que esos movimientos se hayan concretado dentro de la provincia”, planteó.
El funcionario judicial aclaró a los medios regionales que la fiscalía actuó como mediadora para resolver la cuestión laboral, que era el “conflicto primario” y que ello afectaba la paz social. También sostuvo que, en las pocas apariciones que tuvo la empresa durante las mesas de negociación, “no se vio una voluntad de querer investigar esa supuesta maniobra estafatoria”. (Prensa GeoMinera)
