ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Por Raúl Javier Rodríguez (*)
Desde la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza hemos venido divulgando los alcances de la actividad como también sus potencialidades y sus beneficios. Hoy el mundo se encuentra en una inédita situación, fruto de una pandemia que ha paralizado no solo nuestras rutinas sino también las distintas economías hundiendo y afectando a empresas, empleados, ciudadanos y también a gobiernos que han visto languidecer sus ingresos.
En este lamentable escenario son pocas las actividades económicas que podrían rápidamente contribuir a la lenta recuperación económica y laboral necesaria el día después de que este flagelo amaine su incidencia. Una de ellas es la actividad minera que es un útil vehículo que motoriza no sólo divisas para el país en concepto de exportaciones, sino que también es un reconocido tomador de mano de obra y de servicios que pueden ofrecer pequeñas y medianas empresas.
Es útil y pertinente en estos días rememorar el espíritu que impregnó el reglamento de la Asamblea del año 1813, que perseguía el desarrollo de la minería como una estrategia intencionada, como una herramienta de desarrollo y prosperidad. En aquellos años, también duros y difíciles por la reciente revolución, se pensó en la minería como una solución, hoy con esta “revolución” sanitaria entre nosotros deberíamos volver a pensar en ella, en sus potencialidades, en sus soluciones más allá de los intencionados cuestionamientos.
Aquel 7 de Mayo de 1813 tenía también sus incertidumbres, sus penurias y un gran interrogante en cómo podía ese nobel país ponerse en marcha, y allí nuestros antecesores pensaron en la minería. Es interesante recordar que dicho Reglamento decidió el establecimiento de exenciones tributarias y aduaneras para la importación de maquinaria y enseres mineros que llegasen al puerto de Buenos Aires, como así también dar la posibilidad a todo extranjero que se desempeñase en la actividad minera a obtener la ciudadanía. Si vemos estos acontecimientos con la mirada actual nos deja claro que se consideraba a la minería como uno de esos vehículos, al que nos referíamos, como vector de crecimiento.
e arraigó en nuestra Constitución Nacional de 1853, donde los constituyentes ordenaron al Congreso de la Nación a sancionar una serie de Códigos como el Civil, el Penal, del Trabajo y la Seguridad Social y el de Minería. Es decir que igualó en importancia a esta actividad con aquellas que sentaron las bases de nuestra república. Ese lugar en el podio legislativo y consideración ha ido perdiéndose al compás de campañas de descrédito, desidias gubernamentales, malos funcionarios y la criticable labor empresarial que no ha comunicado debidamente los alcances y beneficios de la actividad minera.
Podríamos reflexionar en una suerte de ejercicio contra fáctico y preguntarnos qué ocurriría hoy si un gobierno, cualquier fuere, tomase semejante decisión de apostar por la minería como una verdadera política de Estado y normarla con ese tipo de beneficios que hoy, aun a contramano de lo que equivocadamente se pregona, no tiene. Seguramente se alzarían voces críticas asegurando connivencias e interesadas intenciones para ello. Sin embargo ese fue el espíritu presente desde el nacimiento de nuestra Nación. No podemos resignarnos a que nuestro país sólo mire su Pampa Húmeda y pretenda crecer a espaldas de su vasta cordillera y extenso lecho marino. Hoy Argentina casi ni extrae minerales ni pesca. De seguir así otros lo harán por nosotros.
Volviendo a la provincia de Mendoza, el sólo pensar que sólo el 4% de su territorio está cultivado torna imprescindible reflexionar sobre qué haremos sobre el restante 96% rico en recursos naturales entre ellos mineros y petroleros. Evidentemente no es la negación sobre su aprovechamiento lo que debería guiar a nuestros gobernantes, sino el cómo, cuándo y dónde desarrollarla y darle utilidad a este regalo de la naturaleza repudiado por un grupo interesado en el mantenimiento del status quo.
Lamentablemente nos toca vivir en Mendoza una realidad muy compleja, ya que a la mencionada pandemia se le suma una legislación prohibitiva hacia la actividad que sólo trajo atraso, falta de oportunidades y la nula posibilidad de desarrollo minero metalífero. En los casi trece años de vigencia de la ley 7.722 no ha sido aprobado ningún proyecto minero de ese tipo para la etapa de explotación. Con la excusa del cuidado del agua se ha construido un muro insuperable para el desarrollo de la actividad. Guardamos el férreo convencimiento de que dicha norma no tiende ni persigue proteger el recurso hídrico sino que esta ley ha sido pensada y diseñada para prohibir la actividad minera metalífera en Mendoza.
Somos conscientes que la sustentabilidad tantas veces declamada está conformada por el desarrollo económico en un pie de equilibrio con el medio ambiente y el respeto a la realidad social, conformando así un triángulo en perfecta armonía. En algunas provincias argentinas dicha figura está franca y evidentemente desbalanceada ya que sólo se agita la falta de “licencia social” para combatir y obstaculizar el desarrollo económico, usufructuando para ello la excusa ambiental. Creemos que la licencia social no la da un grupo de activistas sino una sociedad informada y participativa dentro de las vías institucionales.
Es importante que desde el sector se desarrolle una política de puertas abiertas para informar a la sociedad acerca de la actividad minera, asimismo se debería seguir exigiendo la elaboración de un Plan Estratégico Minero Nacional para que la actividad no sea prenda de conveniencias coyunturales sino que se erija como una Política de Estado que garantice una participación plural y la imprescindible seguridad jurídica que permita el desarrollo de esta industria, la generación de puestos de trabajo y la llegada de inversiones a la Provincia y el País.
Creemos que siendo los argentinos los genuinos dueños de los recursos naturales que se encuentran en nuestro suelo, es responsabilidad de todos lograr su mejor aprovechamiento para beneficio de sus habitantes en equilibrio y respeto con el medio ambiente.
(*) Abogado. Presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros
