ARGENTINA | 03 de Mayo de 2024
Pese a la masiva concurrencia de trabajadores de diferentes gremios pro industria, encabezados por la Asociación Obrera Minera Argentina, hubo numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia que se oponían a las modificaciones que levantaron la prohibición.
La aprobación del proyecto en el Senado tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados aprobó por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia. El gobernador Rodolfo Suárez (foto) fue determinante.
Desde el pasado viernes 20 de diciembre Mendoza reingresa nuevamente a la senda del desarrollo minero tras 12 años de prohibición con la Ley 7722 impulsada en 2007 por el ex gobernador y actual senador Julio Cobos.
De ahora en más el desarrollo de proyectos de minería metalífera que desde hace tiempo quieren desarrollarse en esta provincia podrán comenzar el camino de la factibilidad. Pese a la masiva concurrencia de trabajadores de diferentes gremios pro industria, encabezados por la Asociación Obrera Minera Argentina, hubo numerosos cortes de ruta y manifestaciones en distintos puntos de la provincia que se oponían a las modificaciones que levantaron la prohibición.
La aprobación del proyecto en el Senado tuvo 28 votos a favor y 7 en contra, en tanto en Diputados aprobó por 36 votos contra 11, con una abstención y una ausencia.
El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones a pedido del Partido Justicialista y consta en las obligaciones que tendrá a su cargo la Policía Ambiental de Actividades Extractivas, e informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
Pablo Priore, senador de Juntos por el Cambio, dijo que “Quienes votamos a favor de esto estamos a favor del agua. No escuché propuesta con la venta de cupos de riego y por el derroche que se hace con el riego a manto”. En tanto, el presidente del bloque Frente de Todos, Lucas Ilardo, sostuvo que como oposición “estamos sentados en el recinto para controlar que el gobernador Suarez cumpla con esta Ley” y que “sin trabajo tampoco hay ambiente saludable, sin recurso para garantizar hospitales y mejorar obras de infraestructura y mejorar nuestros servicios de agua”.
Tal como ocurrió durante casi toda esta semana, en los alrededores de la Legislatura los antimineros que se dieron cita fueron custodiados por un fuerte operativo policial, como así también ocurrieron situaciones similares en las ciudades de San Rafael y General Alvear. En cambio en Malargüe hubo extensos y esperanzados festejos, ya que la comunidad festejó esta reforma pro minera.
Un dato elocuente a esta nueva realidad que vive Mendoza se canalizó con el fuerte y contundente apoyo brindado desde las cámaras empresariales como la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM) donde ambas se pronunciaron a favor del desarrollo minero.
Los antimineros muy disconformes:
La aprobación de la reforma generó toda esta semana existieron numerosas manifestaciones en distintas ciudades de todo el territorio provincial, lo cual generó complicaciones en el tránsito.
Según informaron desde Gendarmería Nacional, “son cortes de tránsito por ahora tranquilos cada 40 o 50 minutos se producen en la ruta 7 hacia Chile a la altura de Uspallata” las que provocaron una larga fila de camiones que quieren cruzar hacia el vecino país.
Cientos de manifestantes cortaron el nudo vial en plena capital en protesta contra la decisión de los legisladores mendocinos, que aprobaron la modificación a la ley de 7722.
Asimismo, otro grupo masivo de manifestantes cortaron la ruta 40, a la altura del Valle de Uco, hacia la zona central de Mendoza; y más mendocinos indignados cortaron varios puntos del sur, en San Rafael y General Alvear, ciudad que siempre se mostró muy resistente a la mega minería y en defensa del agua.
La Minería en Mendoza hasta este diciembre:
La producción minera en Mendoza representa el 0,5% del total argentino y sólo el 0,2% del PBG provincial. Cuenta con yacimientos sin explotar de oro, cobre, uranio, hierro, plata y zinc, entre otros.
Fuentes confiables de la cámara empresaria provincial estiman que el potencial geológico de la provincia es elevado en el caso del cobre, hierro y oro. Se fundamenta esta apreciación debido a que la zona de exploración denominada “Papagallos” tiene similares características geológicas que la región de la Mina El Teniente en Chile, que es el yacimiento de minería subterránea más grande del mundo. Como sucede siempre desde el sector minero las grandilocuentes cifras que expresan al definir el potencial no ayuda en nada, pero siempre se expresó que el valor potencial de la explotación provincial, podría alcanzar un máximo de 349.234 millones de dólares. Un monto que supera ampliamente la declarada e insoportable deuda externa nacional.
Esta provincia bien en declive a la hora de su ranking productivo, existe un matriz productiva poco diversificada, dedicada a servicios y /o extracción de materias primas agrarias, con mucha mano de obra informal y muy bajos salarios.
Desde hace doce años, cuando se sanciono la prohibitiva y absurda ley 7722, una veintena de proyectos quedaron en stand by, algunos de ellos en etapa de desarrollo o factibilizados y otros en fase de exploración. Sobresalen el Proyecto San Jorge, Hierro Indio o Potasio Río Colorado, como ejemplo.
Los diferentes gobierno pos Cobos, nunca supieron cómo encarar el restablecimiento de esta industria. Muchos hacían hincapié en que el problema de fondo es la ausencia del Estado a la hora de planificar la matriz económica. Pero todos fueron algo responsables. Falta de trasparencia. Doble discurso. En algunos casos la alcoba del gobernante ponía trastornos en la activación de esta actividad entre otras causales. Pero, como “la necesidad tiene cara de hereje” tal como expresa el viejo refrán, y como el agua de las finanzas y la falta de respuestas a la sociedad les llegó al cuello a la política gobernante, apareció en escena la proactiva del gobernador Suarez y del presidente Alberto Fernández, quienes dieron vuelta la historia de la minería en esta jurisdicción.
No hay que perder tiempo
La nueva Mendoza pro minera trajo la apertura y creación de una empresa provincial que se fundará para participar activamente del negocio minero. De la misma forma que lo hacen actualmente en Catamarca con CAMYEN e YMAD; en Chubut con Petrominera; en La Rioja con EMSE; en Jujuy con EMSE, en Salta con REMSA; en Santa Cruz con FORMICRUZ o en Neuquén con CORMINE.
Si bien esta nueva faceta desarrollista no esgrimió claros conceptos de cómo se perfilará la actividad, existen desafíos que deben ser abordados y planificados para no transitar caminos erróneos ni que solo respondan a negocios especulativos.
Sería muy interesante que se establecieran pautas y reglas muy claras del funcionamiento futuro de esta industria en todo lo relacionado a inversiones genuinas, infraestructura, licencia social, desarrollo sustentable, relacionamientos con la comunidad, fortaleza del estado en su faceta de contralor de la actividad y la comunicación real.
Estos temas estuvieron ausentes del debate. Ahora llegó la instancia de establecer códigos de comportamiento para que esa “necesidad” que se detallaba antes en renglones previos de este artículo no sea un condicionante de pasividad o distracción del Estado. Y reiteramos, a no dejarse madrugar por los “vivillos”, especuladores de turno, que saben de los tiempos del negocio minero hasta su concreción y poseen una extensa gama de “espejitos de colores” que sólo son exhibidos para ganar tiempo, hacer su ganancia pero lejos de los altos impactos económicos que sí produce el desarrollo minero. Son los famosos “Trapitos” que simplemente representan inversores pero no son empresarios.
Mendoza puso en marcha con estas modificaciones a la ley prohibitiva, los cimientos para plasmar una nueva perspectiva socio económica a mediano plazo.
Nada sucederá en forma mágica. Es muy probable que el actual mandatario no experimente la grata sensación de la puesta en marcha de un proyecto minero metalífero. Pero sí entrará en la historia por su actitud para romper con el estatus quo de una sociedad prejuiciosa, ciega y eunuca. Con una clase dirigente que fue incapaz de romper la tradición de 12 años de exclusión y falta de generación de oportunidades.
Los mendocinos mientras se jactaban de sus peculiaridades antimineras, sus vecinos, los sanjuaninos, los avasallaron en protagonismo transformador, potencialidad de recursos naturales, generación de puestos de trabajo y riqueza genuina con trabajo registrado. Todo eso conseguido con coraje y sin prejuicio.
Los principales puntos de la reforma:
• El artículo 3, que en un principio eliminó la necesidad de aprobar por ley las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), ahora también establece que estos estudios deberán contener informes sectoriales municipales del lugar donde pretenden instalarse los proyectos.
• El artículo 4 especifica las tareas que tendrá la Policía Ambiental, de dónde provendrán los fondos y especifica que deberá ser personal especializado en sus áreas de actuación, además de informar anualmente a la Comisión Bicameral de Control Ambiental. Con los aportes del PJ, el Departamento General de Irrigación ejercerá control y seguimiento de todos los emprendimientos mineros, no sólo de los que afecten alguna cuenca hídrica.
• Para el artículo 5 de la ley, que originalmente no se pensó modificar, ahora se estableció que las Audiencias Públicas deberán hacerse en los municipios donde se localice cada proyecto y según las pautas de Ordenamiento Territorial de Mendoza y cada departamento.
• El despacho modificó algunos artículos que se agregarán, como el 8, que crea un portal digital para conocer cada proyecto que se esté desarrollando, respaldada bajo la ley de Acceso a la Información Pública.
• Uno de los cambios centrales es el artículo 11, que establece un Fondo de Compensación para la gestión integrada del Recurso Hídrico y Saneamiento, que se conformará con el 1,5% de las ventas de cada proyecto. Además, el 50% de ese fondo se destinará a financiar obras de modernización del transporte y distribución del agua. El resto será para infraestructura vial y de servicios en los municipios donde se realice la actividad minera. También se establece que las regalías mineras no pueden usarse para gasto corriente.
• A su vez, se agregó el artículo 14, para promover la participación de empresas locales, generar trabajo a mano de obra mendocina y crear la Empresa Provincial Minera.
