ARGENTINA | 21 de Noviembre de 2024
Los corruptos de ayer y los inútiles de hoy no dan respuestas a la remediación en SAO. La Justicia Federal de Viedma los intimó pero siguen escondidos detrás de sus despachos.
En el pasado mes de abril, los integrantes de la Multisectorial del Plomo de la ciudad rionegrina denunciaron “una nueva maniobra de la Secretaría de Minería de la Nación para evadir sus responsabilidades en San Antonio Oeste”, siguen faltando respuestas.
De esta manera los vecinos afectados por la contaminación de plomo y otros metales pesados pusieron en agenda las reiteradas irregularidades que continúan desarrollándose desde las autoridades mineras del gobierno nacional.
Los integrantes de la Multisectorial del Plomo señalaron en su página web que “En respuesta a una nueva presentación de la Secretaría de Minería de la Nación solicitando al Juzgado Federal que se dieran por cumplidas las obligaciones de remediación que se le habían ordenado en el marco del recurso de amparo presentado por la Multisectorial, el Juzgado Federal de Viedma rechazara” esta fastidiosa solicitud.
Como respuesta a la inquietud de los vecinos, la Jueza Mirta Filipuzzi “ordenó al Estado Nacional el pasado 29 de marzo que arbitre en forma urgente las medidas necesarias para remediar las calles y veredas contaminadas donde funcionaba la Fundición (manzanas 383 y 384 de San Antonio Oeste) bajo apercibimiento de evaluar las conductas de los responsables como incursas en desobediencia judicial”.
En consecuencia, el Estado Nacional debería informar “en forma precisa las medidas que se han adoptado o adoptarán en lo inmediato para el cumplimiento efectivo y eficaz de lo ordenado por la Justicia Federal indicando objetivos, métodos y plazos de ejecución para evitar que los altísimos niveles de metales pesados detectados en el lugar sigan afectando la salud de los ciudadanos sanantonienses, sobre todo la de aquellos que viven en las dos manzanas mencionadas”.
Cabe aclarar que estas medidas debieron tomarse hasta tanto se ejecute la remediación definitiva de dichas manzanas y el resto de las zonas contaminadas, que también se reclaman en el amparo presentado.
Transcurridos los 60 días desde que la magistrada elevó sus disposiciones a las partes, no han sucedido, hasta el cierre de esta edición, actividad alguna. Es más, desde Salud Pública de la provincia se informó, extraoficialmente, que las mediciones de plomo en sangre han registrado muestras sorprendentes que empeoran la situación a febrero de 2018 en que se dieron por culminadas las obras por falta de presupuesto.
Desde esa fecha hasta el presente, los funcionarios de la Secretaría de Minería, primero Daniel Meilán y desde julio de 2018 Carolina Sánchez, nunca respondieron a las requisitorias de la justicia federal que reclamó la remediación total de los pasivos ambientales que dejó la empresa minera Geotecnica. Lo sorprendente del caso es que la profesional a cargo de la remediación, la geóloga Carolina del Valle, continúa en su cargo esgrimiendo una “desopilante desfachatez” sostenida desde el minuto uno en que se hizo cargo de este lamentable tema.
En San Antonio Oeste aguardan que la remolona justicia ponga en el banquillo a funcionarios y técnicos que estuvieron involucrados en este lamentable hecho de contaminación.
No se descarta que de cara a las próximas elecciones haya una severa profundización de las acciones vecinales contra los actuales y anteriores funcionarios. En esta parte de la costa rionegrina no se olvidan de Jorge mayoral, que fue quien inició “la opereta” enmascarada en una “supuesta remediación” para conseguir fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Fueron en una primera etapa 8.4 millones de US$, para luego sumar, con la gestión de Meilan, otros 2 millones de US$, para culminar esta remediación. Algo que no sucedió.
Los actuales funcionarios, con el hecho de que sus antecesores hayan resuelto nada, más la falta de dinero que cubra las obras faltantes, se sumó el desgano para hacer algo. Sólo se dedican a percibir sus abultados salarios, los que serían muy superiores a los 200 mil pesos mensuales, y no responder las demandas de la justicia y la sociedad.
