ARGENTINA | 06 de Diciembre de 2024
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06 de Diciembre de 2024
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RíO NEGRO

Concejales rechazaron el intento de funcionarios de Minería de Nación de intentar silenciar denuncias

Sostienen que el ente público y estatal está violando el derecho a la información.

Los ediles de la localidad de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, consideran “intolerable, inadmisible e improcedente que un ente público estatal como es la Secretaría de Minería de la Nación”, plantee esa solicitud, porque de ese modo se está “violando el derecho a la información que es una de las características de la forma republicana de gobierno y más cuando la información que se pretende reservar es información pública ambiental”.

El bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN), presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación a través del cual rechazan el pedido de la Secretaría de Minería de la Nación, por intermedio de su abogado Gaspar Alejandro Platino, que el Juez Federal De Viedma haga “reserva del expediente” y que conmine a la Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste a “que se abstenga de publicar información sobre una problemática que afecta a nuestra comunidad”.

En el amparo presentado por los vecinos que la integran, y que se tramita ante el Juzgado Federal de Viedma, el organismo nacional encargado de que se concluyan las obras de remediación, solicitó que “arbitre los medios necesarios a los fines que se encomiende el cese de las publicaciones en las redes sociales y/o plataformas o sitios web” de las tramitaciones que se llevan a cabo.

Al mismo tiempo la Secretaría de Mineria solicitó al juez actuante que se “disponga la reserva de las actuaciones y se conmine a la actora a los fines que se abstenga de publicar información hasta tanto adquiera carácter de público”.

Papelón Jurídico:

Lo inaudito del pedido de Hensel, que es abogado, también se convierte en un papelón jurídico sin precedentes, Agravado porque la cúpula de la SECMIN es ocupada por otros abogados entre las que se encuentran dos sub secretarias, ellas son Laura Ropolo y Sylvia Gladys Gimbernat, quienes son parte del disparate que rechazó el juez oportunamente y que forman

Para los ediles de JSRN resulta “intolerable, inadmisible e improcedente que un ente público estatal como es la Secretaría de Minería de la Nación”, plantee esa solicitud, porque de ese modo se está “violando el derecho a la información”. Que es una “de las características de la forma republicana de gobierno y más cuando la información que se pretende reservar es información pública ambiental”.

Indican en los considerandos que “pretender silenciar y amenazar con la Justicia a la Comisión Multisectorial para que cese en la difusión de la información tendiente a ilustrar la marcha de las tareas de remediación ambiental”, tema de interés para la comunidad, “máxime cuando no se advierte el perjuicio que ello ocasionaría al normal desarrollo del proceso judicial”.

En su articulado, solicitan “enviar copia de la presente comunicación al señor Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, para su conocimiento y consideración” y a la Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste.

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